Los partidos políticos sirven para mantener a cada uno bajo vigilancia permanente del otro.

Henry Clay

Es posible que después de algunas preguntas incómodas y muchas referencias que en verdad no podían dejar de hacerse sobre el último lapso del sexenio de Juan Manuel Oliva-Héctor López Santillana, el gobernador Miguel Márquez haya respirado profundo al concluir la glosa de su primer informe y quiera darle la vuelta a la página, dejar atrás la sombra de su antecesor y encaminar el sexenio de acuerdo a su propio ritmo, estilo y circunstancias.

Nada más que eso no será tan fácil como en el discurso lo quiere hacer ver.

No sobra decir que el pesado esquema de la glosa en muy poco ayuda a comprender y a tener certezas sobre el ejercicio de gobierno, o el estado que guarda la administración pública, puesto que sirve más bien a unos para defender su forma de gobernar y a otros para defenestrarla, sea el partido al cual abandera el titular del Ejecutivo y cuáles los que sean oposición en el Poder Legislativo.

Tampoco que, como ya es sabido, en esta ocasión se conjuntaron en el reporte del gobierno tres estilos, tres nombres: el de Juan Manuel Oliva, quien terminó su gobierno en marzo; el de Héctor López Santillana, que pasó de ser Secretario de Gobierno a gobernador sustituto, y el de Miguel Márquez Márquez, quien en septiembre se convirtió en el séptimo mandatario emanado del Partido Acción Nacional en Guanajuato, con un interino y dos sustitutos entre éstos.

Estos enredos quedaron así documentados en el primer informe de Márquez, y fueron exhibidos en la glosa dedicada en gran parte —particularmente por el grupo parlamentario del PRI— a evidenciar los números incompletos de Oliva, las cuentas insatisfactorias en organismos como el ISSEG o el Instituto de Salud Pública del Estado (Isapeg), entre otros.

El gobernador Márquez y su partido pueden pensar que la oposición ya tuvo su momento de reflectores y gloria y que ahí tendría que quedar todo, para ocuparse de los primeros proyectos que tanto ruido y agua les están haciendo ya (el Programa Escudo y el Guanajuato iluminado, por mencionar a los más sonados).

Sólo que este panismo que quiere poner distancia del de Oliva y conducirse como un adalid de la transparencia y la honestidad, mantiene la puerta abierta al oscuro sótano de las auditorías, los procedimientos administrativos, las denuncias penales y lo que resulte… sí, de varias cuentas pendientes del sexenio que ya terminó, pero que no acaba.

En la Secretaría de la Transparencia deben estar ya concluidas las revisiones que se aplicaron al ISSEG, al Isapeg y a otras dependencias desde las cuales salieron a relucir los visos de corrupción —o por lo menos, algunas anomalías— y que, si nos atenemos al discurso de transparencia, rendición de cuentas y honestidad de Márquez, los guanajuatenses esperaríamos y tendríamos que conocer, sobre todo por el tramo y las responsabilidades que al actual mandatario le tocó afrontar en ese sexenio.

En la Procuraduría de Justicia, mientras tanto, hay al menos una decena de denuncias penales —es decir, que presumen delitos cometidos por servidores públicos de esta categoría— por irregularidades en el Instituto de Salud Pública relacionadas a la adquisición de insumos médicos y peticiones de dádivas en la Secretaría de Obra Pública.

Pero entre los pendientes del procurador Zamarripa aparece una denuncia correspondiente ya al periodo de Miguel Márquez, contra servidores de la Dirección del Trabajo de la Secretaría de Gobierno, por la integración anómala de un expediente.

Éstos —y otros asuntos que se callan pero no por ello desaparecen— son también parte de la agenda del día del gobernador.

Y ahí siguen, aunque no quiera.