No hay peor olor que el que despide la bondad corrompida.
Henry D. Thoreau
En una conferencia de prensa que fue ofrecida alrededor de las tres de la tarde del viernes —estrategia de medios harto conocida, o muy gastada, para hacer pasar “la nota” por la niebla del fin de semana— la secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Isabel Tinoco Torres, presentó una lista de 23 funcionarios que fueron señalados como los responsables de las numerosas anomalías que salieron a la luz pública por diversos medios (los de comunicación, fundamentalmente) cometidos en el sexenio anterior, los cuales no tuvo más remedio que apechugar Miguel Márquez Márquez.
El paquete de auditorías aplicadas al Instituto de Seguridad Social del Estado —ISSEG—, el Instituto de Salud Pública del Estado —Isapeg— y las secretarías de Obra Pública y Desarrollo Agropecuario cayó en blandito en una dependencia como la Secretaría de la Transparencia, que cambió de nombre, pero no abandonó su vieja estructura ni da señales de caminar hacia la autonomía.
Es difícil encontrarle los visos de autenticidad —veracidad plena— y afán de transparencia a un gobierno tan fuertemente ligado al anterior, el de Juan Manuel Oliva Ramírez, el que se pretende fiscalizar puntualmente porque las dudas son muchas y los escándalos también.
Las ligas son todas: militancia, ascendencia política, nombres y apellidos, estructuras y, más allá, lo que siempre se ha dicho (y no ha dejado de decirse) sobre la decisión de Oliva Ramírez de impulsar y convertir a Miguel Márquez en el candidato a sucederlo en la gubernatura.
Con todo este antecedente, sin tocar a Oliva Ramírez, sin hablar del DIF estatal y todo lo que ahí ocurrió y lo que desde ahí se manejó, la Secretaría de la Transparencia dio 23 nombres y apellidos de servidores públicos sancionados; 20 de ex funcionarios, varios de los cuales salieron del gobierno estatal incluso antes de que terminara el sexenio de JMO.
No hay montos, no hay especificaciones sobre las conductas, los daños al erario que se pudieron haber causado, las conductas que pudieron llegar a ser un delito a investigar por la Procuraduría de Justicia del estado.
La nota, por supuesto, apuntó al ex director general del ISSEG, Miguel SalimAlle. En lo que parece sólo la punta del iceberg, al también ex candidato del PAN a la Presidencia Municipal de León se le señaló como responsable de haber asignado contratos para la apertura de farmacias genéricas —con servicios médicos— a particulares, sin consultar o sin la autorización del Consejo directivo.
Dos años de inhabilitación mereció Miguel Salim sólo por este tema. A su alrededor, una maraña de sus segundos de a bordo en las áreas comercial, inmobiliaria, de proyectos y de los servicios al Seguro Popular, figuró también en la lista negra divulgada por el nuevo gobierno.
Estos ex funcionarios habrían sido los directamente responsables de otras muchas decisiones que, como bien se sabe, difícilmente pudieron haber salido de su propia o sola iniciativa.
Leve, ínfima reacción ante la exhibida que se dio el PAN al echar por tierra en el Congreso del estado la posible creación de una Comisión especial para revisar el sexenio de Juan Manuel Oliva.
Lo escrito, lo dicho: un pasado que no deja de estar presente, por más que le arrojen tierra.
O le den un reglazo al ladrón para que ya se porte bien.
