La diferencia entre un ciudadano y un esclavo, es que el ciudadano puede preguntarse por su vida y cambiarla.

Alejandro Gándara

Ciudadanía. Cuántas omisiones se cometen en tu nombre.

Guanajuatenses por los Derechos de las Mujeres no es una organización civil constituida. Es, digámoslo así, un frente.

No es un grupo de reacción para llevarle la contraria al gobierno, o a los funcionarios, o a los políticos, o a quienes piensan diferente o defienden una religión o una moral… porque ambos asuntos son de índole privado, y así se entienden y se practican (o no).

Es un ejercicio de ciudadanía.

En este grupo hay mujeres y hombres de distintos ámbitos que tampoco buscan la gloria y la fama pública a costa de fastidiar el discurso oficial.

Este es un realidad un frente tan diverso, que se decidió respetar esos orígenes, esas trayectorias personales y profesionales, la adhesión de quienes ya formaban parte previamente de alguna organización de la sociedad civil, institución pública o cualesquiera.

En este grupo (hubo quienes llegaron y se quedaron; hubo quienes se fueron; hubo quienes llegaron después) hay tan distintos perfiles, que se asumieron las diferencias, las distintas opiniones, las distintas formas de ver el tema que nos ocupa. Como debe de ser.

Lo común, lo que nos une: los derechos de las mujeres.

Mis derechos, los nuestros.

Los que están consagrados en las leyes mexicanas, en las declaratorias universales, en los tratados internacionales que han sido aceptados por el Estado mexicano, y por ello, son vigentes en Yucatán,  en Tijuana y en Guanajuato.

Todos, no solo algunos. No nada más los que convienen. No nada más los mínimos necesarios para pasar por un Estado de avanzada, “tolerante”.

No nada más aquéllos que sirvan para compromisos de campaña, discursos emotivos, políticas públicas de papel, planes de gobierno guardados en el escritorio.

No solo los que muchas mujeres apenas alcanzan a medio saber, a medio entender, a exigir a medias.

Una niña que debe dejar de estudiar para cuidar a sus hermanos menores, o para limpiar la casa, o para dejar su lugar a los estudios de su hermano (varón) o porque quedó embarazada, ve truncado el goce de sus derechos.

Una niña que por vivir en el hacinamiento de la pobreza, es abusada sexualmente por el padre o el padrastro sin que jamás sepa lo que es la justicia, ve truncado el goce de sus derechos.

Una joven que es obligada a soportar el acoso de su patrón a cambio de tener un empleo y no perderlo; a ganar menos salario que sus compañeros varones y a no embarazarse para conservar su plaza, ve truncado el goce de sus derechos.

Una mujer, jefa de familia, que ve negado el acceso a un crédito para vivienda porque no tiene un esposo, una “solvencia”, un “nombre” suficiente para las instituciones crediticias, ve truncado el goce de sus derechos.

Una mujer que necesita llevar testigos y pruebas porque un agente del Ministerio Público no le cree que sufre de violencia emocional o económica por parte de su pareja, ve truncado el goce de sus derechos.

Y eso, todo eso, sigue pasando en Guanajuato, estado de modernidad, desarrollo económico, inversiones, creación de empleos y tranquilidad.

Mucho o poco, en realidad eso no es lo importante.

Mujeres y hombres que coincidimos en esto no queremos quedarnos callados.

Algo muy, muy importante. En esta visión han coincidido cientos de personajes que firmaron un primer pronunciamiento Por los Derechos de las Mujeres Guanajuatenses. Hicimos un ejercicio compartiendo con distintos ciudadanos y ciudadanas de otros rumbos del país, académicos, investigadores, periodistas, activistas, promotoras de los derechos humanos, políticos, y la respuesta es clara:

La preocupación por lo que pasa en Guanajuato (si es más o menos grave que lo que pasa en el Estado de México, o en Chihuahua, o en Querétaro, en materia de derechos de las mujeres, insisto, no es nuestro tema) la comparten muchas y muchos, que tienen puesta su mirada hacia acá, pendientes, enterados, atentos.

Porque es un momento de acciones, de pasos, de definiciones desde el Congreso, desde la impartición de justicia, desde el compromiso de un gobierno.

O de un gobernador, como se le quiera ver.

Y también de ciudadanía.