El viernes 22 de mayo, un hombre llamado Luis Gerardo Hernández Valdenegro fue baleado cuando se encontraba en compañía de un amigo afuera de la casa de éste, en Estancia la Trinidad, en León.

El incidente fue registrado como uno de tantos, de los tantos que se acumulan en los reportes policiacos a lo largo y ancho del territorio guanajuatense desde hace algún tiempo.

Cada día más.

Sin embargo, Luis Gerardo Hernández tiene una historia peculiar, distinta.

A fines de enero pasado, salió del Cereso de Irapuato, donde estaba preso desde mediados de septiembre, acompañando en la misma área del centro penitenciario a Joaquín Osvaldo Valero, Samuel Ornelas y Jorge Alejandro Durán Fonseca.

Los cuatro fueron detenidos por esas fechas, unos días después de que Luis Gerardo, Samuel y Joaquín se apersonaron en la oficina del periódico El Heraldo, en Silao, y amagaron a Adriana Elizabeth Palacios, para posteriormente uno de ellos emprenderla a golpes contra la reportera Karla Silva Guerrero.

“Bájale a tus notas”. La frase ha quedado acuñada en la mente de Karla y de tantas y tantos periodistas, fotógrafos y camarógrafos en Guanajuato, brutal y claridosa.

Breve. Amenazante.

Por encargo.

Tras la acción física de los tres, hubo una decisión, una orden, un encargo.

Alguien pidió “el jale” y ofreció dinero a cambio.

Una autoridad intolerante, una reportera cuyo trabajo era “incómodo”. Notas de denuncia social; obras inconclusas, inseguridad, gastos excesivos de funcionarios.

Lo “habitual” en una agenda informativa municipal, podría decirse.

Nicasio Aguirre Guerrero, el ex director de Policía Municipal al que nadie le ha podido echar el guante todavía, fue apuntado como autor intelectual y armar el “jale” con su coordinador operativo o subdirector Jorge Alejandro y los tres civiles.

Pero la mirada pública apuntó desde el principio más arriba, a  las oficinas principales del Palacio Municipal, donde despacha Enrique Benjamín Solís Arzola como alcalde.

Junto a él, un poderoso e influyente tesorero, quien también suele evidenciar su “incomodidad” con el trabajo periodístico que lo toca o lo alcanza a exhibir.

Detenidos, presos preventivamente en el Cereso de Irapuato, inició el proceso judicial bajo el nuevo sistema acusatorio oral para Luis Gerardo, Joaquín, Samuel y Jorge Alejandro. El principio de publicidad de este sistema permitió no sólo el acceso de reporteros, fotógrafos y camarógrafos a las audiencias, sino el registro puntual para informar de lo que ahí dentro ocurría.

De lo que se revelaba. Declaraciones, videos, peritajes, testimonios, informes médicos, expedientes previos de algunos de los detenidos.

Como de Luis Gerardo, quien enfrentaba al mismo tiempo otros procesos por robo calificado, principalmente.

A fin de cuentas, Luis Gerardo acordó con la fiscalía —representante de las dos víctimas— acogerse al procedimiento abreviado (una salida alterna que permite al inculpado reconocer su responsabilidad o aportar un testimonio, “cooperar” a cambio de obtener beneficios como la reducción o la permuta de la pena de prisión).

Logró salir libre. Pero puso el dedo al alcalde Solís Arzola.

Él “ordenó el jale” a través de Nicasio Aguirre, dijo Hernández Valdenegro.

Salió a la calle en enero. Y exactamente cuatro meses después, mientras visitaba a un amigo en una comunidad de León, desde una camioneta se acercan a él y le disparan.

Surge de inmediato una, todas las interrogantes.

No lo mataron.

¿Fue confundido?

¿Fue venganza?

¿Querían silenciarlo?

¿Será silenciado?

Y las miradas voltean, invariablemente, al mismo lugar.