La sola idea de tener que vivir permanentemente protegido, custodiado o acompañado a todos lados por uno, cuatro o seis escoltas (o “guaruras”) puede significar la tranquilidad total para unos y la invasión total a la privacidad para otros.
La imagen de un alto funcionario o de un pop star rodeados de hombres con lentes oscuros, fornidos y con auriculares y micrófonos por los que se comunican sin mucho disimulo genera en el ciudadano de a pie eso: la percepción de estar ajeno y viendo de lejos una escena de película o a una clase política de élite, tan lejana.
De que existen motivos válidos para que un funcionario o ex funcionario deba contar con este tipo de medidas de seguridad, los hay: nivel de responsabilidad, actos de gobierno que enfrentaron intereses o a grupos delictivos, entorno altamente peligroso. Nada más que a veces, con frecuencia, la posibilidad también ha desatado el abuso y la prepotencia.
La Ley de Seguridad Pública del estado prevé, en su artículo 37, la posibilidad de que funcionarios que terminan sus encargos, como el procurador de justicia y los presidentes municipales, cuenten con escoltas para su protección personal, pagados del erario.
Esta misma prerrogativa se extiende o amplía a los cónyuges y parientes en primer grado (hijos o padres) de los funcionarios, por un periodo al terminar su mandato o los siguientes tres años.
En León, la polémica pública generada por la solicitud de la ex alcaldesa Bárbara Botello —por si no fueran suficientes las polémicas en las que se ha visto envuelta— para que se le asignaran por lo menos seis elementos de Seguridad como escoltas, acabó desinflando sus expectativas y, al menos por lo que hasta ahora se sabe, decidió retirar su petición.
Ahora, el Ayuntamiento leonés ha respondido a solicitudes del ex alcalde Octavio Villasana Delfín, que lo fue por unos pocos meses para terminar el trienio de Botello Santibáñez; el Secretario de Seguridad Pública Francisco Javier Aguilera Candelas y el director de Policía Iván Amaro Hernández.
Nada más que hay que recordar también que el señor Aguilera Candelas tampoco cumplió tres años al frente de la Secretaría de Seguridad, porque por esta dependencia desfilaron varios titulares en ese lapso.
En Guanajuato capital se puso sobre la mesa en el Ayuntamiento la petición del ex alcalde Luis Fernando Gutiérrez Márquez y del director de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, en el mismo sentido, y en otros municipios como Silao, el tema tampoco se sustrajo al interés del alcalde saliente Enrique Benjamín Solís.
Este asunto se mantiene en la esfera del interés público, pues aunque los ex funcionarios ya no ocupen cargo alguno en el gobierno y se reintegren a sus actividades privadas o profesionales, los escoltas asignados generalmente son policías o agentes de la Secretaría de Seguridad o de la Policía Ministerial.
Quizás lo que más se atora en la garganta es conocer los montos millonarios que a las arcas públicas —ése que se llama dinero de todos y parece no pertenecer más que a unos pocos— le significan que personas que ya no son servidores y familiares de éstos, sigan contando hasta por 3 años con semejante protección.
En la cabeza danza la loca idea de que cada ciudadano cumplido, solidario, responsable, se merecería un escolta.
O que cada ciudadano intolerante, irrespetuoso de la ley y de los demás, delincuente, podría merecerse tener un escolta. Permanente.
Castigo para los castigados presupuestos públicos, es.
¿Prerrogativa o sanción social para los ex funcionarios?
A lo mejor también.
