Guanajuato, Gto. 16 de junio de 2017.- En la sesión del Congreso del Estado, fue aprobada la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. La cual establece las responsabilidades administrativas de servidores públicos, obligaciones, sanciones aplicables por actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves y procedimientos para su aplicación.
Además, prevé sanciones a las faltas cometidas por particulares y se definen los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas y crea las bases para que toda entidad pública en Guanajuato establezca políticas eficaces de ética y responsabilidad en el servicio público.
De igual forma, permitirá tener el conocimiento certero del estado que guarda el patrimonio de los sujetos obligados, desde el inicio de su actividad y su evolución durante el servicio público.
Asimismo, se armoniza con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual es de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer las competencias entre los tres órdenes de gobierno.
Libia Denisse García Muñoz Ledo, destacó que con estas modificaciones se avanza en la remodelación integral del sistema político estatal, lo cual dijo, permite cerrar los espacios a la opacidad, ineficiencia y corrupción.
La legisladora destacó que con esta nueva Ley se establecen y sancionan la faltas administrativas graves que cometen los servidores públicos, el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, la actuación bajo conflicto de interés, la contratación indebida, el enriquecimiento oculto, el tratico de influencias, el encubrimiento y el desacato.
Y aprueban Ley de Justicia Administrativa
En la misma sesión, se aprobó por unanimidad la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato con la que se dota de nuevas facultades a ese órgano jurisdiccional en la lucha contra la corrupción. Esta nueva ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Esta nueva ley es relativa al funcionamiento, organización y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa y sus nuevas atribuciones constitucionales, que forman parte del diseño de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. Con dicha norma jurídica queda abrogada la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En las consideraciones del dictamen se precisa que con esta nueva ley se busca ser congruente con el fortalecimiento de las nuevas instituciones en aras de prevenir y combatir de manera frontal la corrupción.
Asimismo se indica que existe la posibilidad de un actuar ilegal de la administración pública, por lo que se hace necesario el establecimiento de medios de control, a fin de evitar la afectación a los derechos de los gobernados y dirimir la contienda entrabada entre la administración pública y los particulares.
“La justicia administrativa se integra por los medios de protección administrativos y jurisdiccionales para lograr la extinción de los actos administrativos contrarios a derecho, así como el resarcimiento de los daños o perjuicios que causa el Estado con motivo del ejercicio de sus funciones”, señala el documento.
En el dictamen se subraya que con esta nueva ley las y los diputados reiteran su compromiso con la ciudadanía, con mejores oportunidades de desarrollo y protección a los guanajuatenses; y para combatir y erradicar los fenómenos de corrupción en el medio gubernamental y donde se estén generando.
Algunos aspectos de la nueva ley:
- El Tribunal de Justicia Administrativa conocerá de las faltas administrativas de los servidores públicos estatales y municipales, así como de las que comentan los particulares y fincará las sanciones correspondientes, entre ellas el pago de indemnizaciones a los entes públicos afectados.
- El Tribunal contará con cinco salas, una de ellas Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, la cual conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves.
- El Magistrado que integre la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas será propuesto por el Ejecutivo del Estado, y el Pleno aprobará su designación con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.
- Los Magistrados de las Salas durarán en su cargo diez años y no podrán ser ratificados. Serán causas de retiro forzoso de un Magistrado o de un Magistrado Supernumerario, haber cumplido setenta y cinco años de edad o padecer de incapacidad física o mental para desempeñar el cargo.
- La designación del titular del Órgano Interno de Control del Tribunal será mediante una terna, que será presentada al Congreso del Estado, y debe derivar de una consulta pública, quien será designado por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de quienes integren el Congreso del Estado, sin posibilidad de reelección.
A partir de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, el Tribunal deberá realizar las acciones administrativas y técnicas para contar con una Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas.
