Guanajuato, Gto. 02 de junio de 2017.- Diputados que integran la LXIII Legislatura presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado que busca reducir la impunidad y castigar a quienes delinquen sin importar el cargo que ostenten, así como fortalecer las herramientas institucionales y jurídicas que permitan lograr avances concretos en el combate a la corrupción.
Beatriz Manrique Guevara manifestó que conscientes de la gravedad del fenómeno de la corrupción quienes integran la presente legislatura trabajan en el fortalecimiento de las leyes, ya que la corrupción erosiona los cimientos de las instituciones y la legitimidad no sólo del sistema de gobierno, sino de los vínculos de colaboración y de convivencia entre los integrantes de la sociedad.
“Por eso, en Guanajuato y en México no podemos dejar que la corrupción triunfe sobre las instituciones, ni que los delitos triunfen sobre la ley. La sociedad y los gobiernos expresamos constantemente nuestra preocupación y nuestra convicción de respaldar el Estado de Derecho y de perfeccionarlo”, enfatizó.
Agregó que a pesar de los avances que se han registrado en los últimos años, en especial en el ámbito de la fiscalización de las finanzas públicas, el acceso a la información pública y la pluralidad democrática, los efectos de la corrupción en el país son monumentales, y van más allá de las cifras de delitos o los índices de impunidad, impactan negativamente en la economía e incluso en la solidez del tejido institucional.
Y dijo que el costo de la corrupción puede llegar hasta el 10% del PIB nacional, lo que desalienta las inversiones, provoca la pérdida de cientos de miles de empleos, reduce las ventas de las empresas y mutila directamente los ingresos de las familias.
“Estos efectos se traducen en una drástica reducción en los niveles de satisfacción con la democracia, que pasaron de aproximadamente un 37% en el año 2000 a poco más del 18% en 20151 e incluso en un constante incremento en el porcentaje de ciudadanos que ya no consideran a la democracia como el sistema de gobierno más adecuado, pasando del 26.3% en 2002 al 36.5% en 2015”, finalizó.
La diputada precisó que no pueden permitir que ese fenómeno siga devorando la esperanza de la sociedad, la fuerza de las instituciones y la competitividad del país.
La iniciativa, indicó, propone se castigue a hasta con 6 años de prisión a los diputados locales o funcionarios municipales que, en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos, reciba o acepte promesas, dádivas o ventajas para gestionar la asignación de recursos a favor de un ente público.
También plantea penas para los servidores públicos que le exijan a sus subalternos la entrega de parte de su sueldo y para quienes ejerzan ilícitamente el servicio público, al que sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilegalmente información o documentación que se encuentre bajo su custodia, o incumpla con la responsabilidad de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, entre otros casos.
“Ello brindará a los ciudadanos la certeza de que si algún servidor público traiciona su compromiso y obtiene un beneficio indebido de su puesto o labor, enfrentará todo el peso de la ley y será castigado no sólo con el reclamo de la Nación, sino con todo el peso de la ley”, finalizó.
