Guanajuato, Gto. 31 de julio de 2017.- En el Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), las diputadas y diputados están total y plenamente comprometidos en la lucha para abatir la corrupción en la Entidad, es por eso que como partícipes de la articulación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y de las leyes que de este emanan, presentaron en abril de 2016 una iniciativa de reforma a 14 artículos de la constitución local, que ya es una realidad constitucional.
Dicha iniciativa parte de 7 propósitos fundamentales que fueran un contrapeso a la ya presentada por otra fracción parlamentaria, misma que fue trabajada en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y donde estuvieron representados por el Diputado Jorge Eduardo de la Cruz Nieto y la Diputada Arcelia María González González.
Los principios de esta propuesta versan en: que sea contundente y se aplique sin distingos con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y leyes, que las reformas constitucionales fueran específicas para que los legisladores no pudieran burlarlas, que la reforma federal sólo fuera catapulta para la construcción de un sistema local de mayores alcances, que la corrupción se sustentara en parámetros de mejor rendición de cuentas y mayor transparencia para no limitarse a un sistema de responsabilidades y sanciones, que los cargos con funciones anticorrupción no obedezcan a intereses particulares,y que su designación o ratificación sea con el voto de las dos terceras partes del Pleno del Congreso.
Con esta iniciativa, el GPPRI supera la iniciativa que presentara el GPPAN en octubre de 2015, que tomaba sólo 7 artículos constitucionales, la mitad de los que el PRI propuso y donde plasmaron una profunda convicción en el combate a la corrupción, así como la seguridad de que están construyendo la reforma más importante de la Legislatura.
Las propuestas presentadas por el GPPRI fueron: 1) La incorporación de una materia de cívica y ética en el Programa Estatal de Educación Básica. 2) Que la ratificación del titular de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, propuesta por el Ejecutivo Estatal, sea por las 2/3 partes del Congreso. 3) Que la designación de los titulares de los órganos internos de control de los 6 organismos autónomos de la entidad, sea por las 2/3 partes del Congreso. 4) La autonomía operativa, técnica y de gestión de la Auditoría Superior del Estado. 5) El requisito de que los funcionarios del Sistema Anticorrupción, no tengan historial de cargos partidistas o políticos desde 5 años anteriores a su designación, además de que su designación sea por las 2/3 partes del Congreso. 6) Que la declaración 3 de 3 sea obligación constitucional de todos los servidores públicos.
Lo anterior, ya es una realidad constitucionalmente, por lo que debe ser puesto en marcha y acatado. Sin embargo, no se pudo modificar el actual formato de la Glosa del Informe de Gobierno, para que los secretarios tengan la obligación de comparecer ante el Pleno del Congreso y rendan informes o aclaraciones bajo protesta de decir verdad, tal como sucede hoy con el Informe del Presidente de la República.
Aunque aún hay tareas fundamentales que realizar, como darle autonomía operativa y organizativa a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para disminuir al mínimo la influencia política del Congreso sobre la revisión de las cuentas públicas del Estado y sobre la práctica de auditorías; también, para dejar de nombrar a sus directivos, con excepción del titular. De esta manera, el Congreso sólo tendría facultad de dar seguimiento a su trabajo, pero ya no sería juez del mismo.
También falta trabajar en establecer los mecanismos para la designación de funcionarios anticorrupción, tales como el Fiscal, el Magistrado y los miembros del Comité de Participación Ciudadana.
Con esto, las diputadas y diputados del GPPRI en el Congreso de Guanajuato reiteran su compromiso en mejorar realmente el marco jurídico para fortalecer y generar un ambiente de paz, de seguridad y de inclusión; que brinde desarrollo en materia de derechos humanos y desarrollo social, para lograr un estado justo y apegado a la legalidad.
