Guanajuato, Gto 16 de febrero de 2018. Durante la presentación de su agenda legislativo, diputados panistas anunciaron que presentarán una nueva reforma al Código Penal específicamente enfocada a la legítima defensa y no a la exclusión del delito, que fue la modificación que se hizo el año pasado.
En 2017, el Congreso aprobó una reforma Código Penal para evitar la sanción penal a la persona que pudiera dañar a alguien que pudiera introducirse en su domicilio de firma ilegal.
“Ahora lo que estamos haciendo es adicionando un último párrafo precisamente que tiene que ver con la legítima defensa, la otra era una exclusión de responsabilidad penal, si te metes en mi casa no tendré ninguna responsabilidad penal si me defiendo bajo cualquier circunstancias”, explicó la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo.
Además de esta propuesta, la agenda de diputados del PAN contempla 19 iniciativas; una de ellas, buscará reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a fin con el fin de dotar a los policías municipales y estatales con seguros de vida y de discapacidad o muerte, en caso de que ésta ocurra durante su trabajo.
La modificación considera que el ISSEG publique el mes de octubre de cada año, las recomendaciones salariales para los policías de los 46 municipios para garantizar que estas prestaciones estén contempladas.
Otra más, está encaminada a regular el turismo deportivo, así como las atribuciones de las autoridades para fomentarlo y promoverlo en los municipios, en coordinación con los sectores público, social y privado con base en un Programa Estatal.
También se propondrá reformar el Código Civil, a efecto de que en la demanda de divorcio cualquier cónyuge podrá demandar al otro una compensación de hasta el 50 % del valor de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, siempre y cuando el demandante se haya dedicado preponderantemente al hogar y en su caso al cuidado de los hijos.
Por otra parte, se propondrá modificar la Ley de Victimas para el Estado de Guanajuato. La iniciativa tiene por objeto la protección de las víctimas del delito, a proporcionarles ayuda, asistencia o reparación integral; establecer atribuciones a las autoridades para que actúen conforme a los principios y criterios establecidos en la Ley General de Victimas, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social.
