Guanajuato, Gto. 23 noviembre de 2018. El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado propuso reformar la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato a fin de que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales preste sus servicios valuatorios en los procesos de compra y
arrendamiento de bienes inmuebles por parte del Estado.
La iniciativa busca que los bienes que enajene, adquieran o arrienden los sujetos obligados, tengan el valor más justo que resulte posible, y evitar las formas que suelen adoptar la corrupción ciertos servidores públicos de alterar el valor nominal de los bienes que forman parte del objeto de contratos administrativos que lleva a cabo el Estado, señaló la diputada priista Celeste Gómez Fragoso.
En la exposición de motivos, la legisladora señaló que existen dos formas de acceder a los servicios de valuación que presta el instituto: uno es como institución pública promovente y la otra que vía convenio con el Estado.
La propuesta busca eliminar la corrupción que priva en las adquisiciones y enajenaciones del Gobierno del Estado.
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El avalúo, cuando proceda, o la justipreciación, deben de practicarse por una institución seria que históricamente ha trabajado con el objetivo de cuidar, administrar y dictaminar el justo valor del patrimonio federal, en este caso por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, refirió la diputada.
Eliminar adjudicación directa
Asimismo se propuso reformas a la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el
Estado de Guanajuato para derogar la adjudicación directa.
De acuerdo con la propuesta, las concesiones que otorgue el Gobierno del Estado en materia de infraestructura, se deben someter únicamente a licitación pública, destacó el diputado José Huerta Aboytes, en la exposición de motivos de esta iniciativa.
El objetivo es que las concesiones que conceda Poder Ejecutivo se realicen dentro de un marco de buen gobierno, que tenga como única finalidad el servicio a la gente y que se destierre cualquier signo de corrupción.
Puntualizó que la ley no siempre logra establecer de manera determinante los límites precisos dentro de los cuales debe actuar ésta en sus múltiples tareas, por lo cual, el ordenamiento jurídico atribuye a la autoridad dos tipos de facultades administrativas: las regladas y las discrecionales.
La discrecionalidad suele estar emparentada con el ejercicio caprichoso y patrimonialista del poder y puede conducir a la disposición arbitraria y abusiva del dinero del pueblo, enfatizó el diputado Huerta.
El diputado citó como ejemplo la asignación directa a un grupo constructor privado, de la obra del libramiento que conectará la carretera Silao- San Felipe y el Eje Metropolitano con la carretera Silao- León, procedimiento que se realizó de una manera oscura.
