Guanajuato, Gto. El presidente de la comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso de Guanajuato, Víctor Zanella Huerta, sostuvo que tendrá que ser la Contraloría municipal de San Miguel de Allende quien investigue el caso del ex alcalde Ricardo Villareal García.
El ahora diputado federal fue beneficiado con la condonación de diez cargos relacionados con el impuesto predial en 2020, al cierre de la administración de su hermano, el panista Luis Alberto Villarreal.
Al respecto el diputado del PAN dijo que la investigación de los hechos le corresponde a la Contraloría, y no debe interferir el hecho de que la persona en mención tuviera familiares durante la administración donde se le condonó el pago.
Zanella Huerta recalcó que, en el caso de la administración municipal, es el tesorero quien funge como autoridad fiscal, y el Ayuntamiento puede autorizar descuentos para el pago de impuestos, también pueden crear programas de regularización y condonación de recargos.
Dijo que en el caso de Ricardo Villareal también es un ciudadano de San Miguel de Allende, por lo que, si hay alguna irregularidad en la condonación del pago, es la Contraloría municipal quien debe investigación, pues es un tema de competencia 100 por ciento local.
El motivo por el que le fueron ‘perdonados’ dichos pagos fue por “falta de recursos económicos”, según quedó registrado en el reporte de ‘Contribuyentes que recibieron cancelación o cancelación de créditos fiscales’ de 2020, disponible para su consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia.
En otro orden de ideas el diputado Víctor Zanella aclaró que el dictamen que subió la comisión de Hacienda y Fiscalización en torno a la solicitud de préstamo del municipio de Dolores Hidalgo, fue para aceptar su desistimiento para adquirir la deuda pública por más de 137 millones de pesos, con lo cual se pretendía mejorar el sistema de alumbrado.
Finalmente, mencionó que hay otras tres solicitudes de deuda pendientes a confirmar si los municipios todavía están interesados en adquirirlas, pues el 10 de octubre entraron las nuevas administraciones, por lo que Celaya, Silao y Salvatierra tendrán que contestar sobre si hay interés o no de continuar con el trámite.
