Los frentes de batalla por el “testamento de AMLO” siguen intensos. Como se anticipó, el pasado 5 de febrero el ala autodenominada “lopezobradorista pura” o “radicales” llevaron a cabo su convención nacional morenista sin el aval institucional del partido, en un ambiente festivo y como tribuna de juicio sumario contra el pragmatista Mario Delgado, a quien no bajan de traidor, conservador, infiltrado y mercader de las candidaturas.

Si bien, la familia Ackerman- Sandoval, Taibo 2, Pedro Miguel, Salmerón y Bátiz, entre otros, se cuidaron de no vincularse a Sheinbaum o a Batres, para muchos no era necesario, pues el bombardeo estuvo dirigido contra quienes compite por la candidatura presidencial.

Otro frente está en las filtraciones sobre las conjeturas que existen sobre el origen de las crisis recientes que han ido desgastando al presidente de la República, como el salmeronazo y la “casa de Houston” o a la jefa de Gobierno con el tema de la ivermectina; además de los expedientes reabiertos contra el ex consejero jurídico, el ex titular de la UIF o las relaciones criminales de un senador morenista, pues para varios asesores involuntarios detrás de estos temas estarían manos oscuras con el fin de favorecer a alguno de los presidenciables.

Y así, en fuego abierto o de baja intensidad, están los gobernadores de la 4T como son los de Morelos, Veracruz, Puebla, Sonora, Guerrero, Baja California, San Luis Potosí y Colima, quienes, junto a los panistas de Tamaulipas y Guanajuato, parecen estar destinados a ser los relevos en prisión de los priistas de Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua y Nayarit. Sea por corrupción, complicidad con el crimen, abusos de poder, omisiones de autoridad o de plano, ineptitud evidente para conducir el destino de millones de sus gobernados.

Especímenes de esta clase han estado siempre presentes en nuestra nación desde la época colonial. Por muchos decenios los gobernadores eran designados desde el centro, por quien tuviera el poder político, sea el Virrey, el caudillo, el dictador y el presidente priista, panista o, como ahora, morenista.

La democratización selectiva del país arrancada durante el sexenio de Carlos Salinas abrió las puertas para que políticos emanados de otros partidos diferentes al PRI ocuparan los cargos de gobernador. Los cargos de ejecutivos estatales eran moneda de cambio entre el poderoso priismo y los opositores blandengues, en un periodo llamado de las “concertacesiones”. Primero, con Salinas, el PAN fue consentido: gubernaturas a cambio de apoyos en el Legislativo. Luego, con Zedillo, el PRD tuvo la jefatura de Gobierno del DF y gubernaturas, a cambio de despresurizar las protestas sociales en temas como el Fobaproa y la extranjerización de la banca.

A la caía del PRI, el presidencialismo mexicano fue también aniquilándose la figura del neo cacique gobernador, el que llegó por ser el amigo del presidente en turno, el que todo lo podía solucionar con una llamada a Los Pinos, al que por tener cercanía con el Ejecutivo federal le podían perdonar todo: descomposición, asesinatos políticos, corrupción, persecución de sus enemigos y, sobre todo, querer manejar la entidad como si fuera de su propiedad.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, la democratización del país no impidió la proliferación de la política del “que no tranza no avanza” y así hemos visto desfilar gobernadores que pasaron del poder estatal a la oscuridad de las rejas carcelarias. Unos por venganzas políticas, otros por méritos propios y expedientes abultados de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y protección al crimen organizado.

Los gobernadores a la caída del PRI se volvieron señores feudales, donde las entidades operaban como sus virreinatos y no dejaban crecer a nadie que pasara por su aval, su palomeo y complicidad. Pero como en política la moral es un árbol que da moras, están repletos de traiciones y de sacudidas. Los señores feudales olvidaron que los tabiques sexenales sólo duran seis años y que desde el 2000 hay alternancia en la silla presidencial, por lo que el halo de impunidad no es eterno.

Así, hemos visto caer varios, desde Flavio Romero de Jalisco hasta el que usted guste poner en menos de tres años en prisión. Los gobernadores caídos en desgracia son varios, dos de Quintana Roo: Mario Villanueva y Roberto Borge; tres de Veracruz: Dante Delgado, Javier Duarte y Flavino Ríos; dos de Tamaulipas: Tomás Yarrington y Eugenio Flores; dos de Coahuila: Jorge Torres y Humberto Moreira; Andrés Granier de Tabasco, Roberto Sandoval de Nayarit, César Duarte de Chihuahua; Pablo Salazar de Chiapas; Jesús Reyna de Michoacán; el último jefe de Gobierno del Distrito Federal, Óscar Espinosa, y los amparados: Luis Armando Reynoso de Aguascalientes; Guillermo Padrés de Sonora; y Rodrigo Medina de Nuevo León.

Por ello, es que parte de las promesas del cambio de la llamada “cuarta transformación” fue acabar con esas redes de complicidad, de protección a los correligionarios y de marcar como intocables a los que el presidente o el cuadro destacado del partido tenga en su haber.

Por ello es que nos sorprende, nos alarma y nos preocupa que, más allá de las acusaciones de complots o sabotajes, los gobernadores aliados y militantes de la 4T gocen de la bendición de Palacio y de las mayorías legislativas de Morena, PT, PVEM y ahora hasta del PRI para evitar ser investigados, atender las denuncias de las víctimas y denunciantes.

La caída del PAN y del PRI se debió, en gran parte, a los blindajes político-legislativos que se construían al amparo de la bendición presidencial y del partido en el poder, blindaje que se concluía si los astros de la política no favorecían al grupo al que pertenecía.

En su momento advertimos que la anticipada carrera presidencial lanzada por el Ejecutivo federal en el corto plazo iba a traer sectarismo en su equipo, sus aliados y partidarios, además de un bombardeo político entre los seguidores de cada bando que terminaría por desgastarlos y enfrentarlos.

Los expedientes y denuncias que han acumulado gobernadores de Morelos, Veracruz y Puebla, deben ser atendidas con imparcialidad y responsabilidad por parte de las autoridades federales, el Congreso de la Unión y los principales líderes de la alianza Morena- PT- PVEM, pues de lo contrario, sería cargar una loza muy pesada de credibilidad y, peor aún, que, de hallarse responsables, sellen sus casos con la impunidad como ocurría con el PRI y el PAN, a los que dicen ser totalmente diferentes.

Contacto: [email protected]