Ocurre que en México la construcción de la agenda política y mediática queda siempre impregnada por las noticias de alto impacto, algunas con justa razón, y otras simplemente son distractores que nos alejan de la trascendencia de otros. Y es lo que ha pasado en las dos últimas semanas: la violencia del crimen en Michoacán, Guerrero y Puebla, además de la violencia de las masas en un estadio de fútbol que, probablemente, también esté metida la delincuencia organizada.
En este marco es que se fueron generando mensajes del empresariado mexicano que pasaron casi de largo para el análisis y que podrían marcar la última oportunidad para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda recuperar su confianza y no pase su administración como un sexenio perdido, pues según la última encuesta de expectativas del Banco de México aplicada a analistas financieros del sector privado, se bajó la expectativa de crecimiento de 4 a 2 puntos porcentuales.
Y miren en qué contexto. La semana pasada arrancaron los trabajos de reparación y reconstrucción de la Línea 12 del Metro, que está por cumplir un año de la tragedia sin que haya un solo responsable. Y, pese a lo crítico del tema y al malestar que sigue respirándose en Tláhuac e Iztapalapa, se registran varias convenciones morenistas que empujan a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para ser pre candidata presidencial y, a la par, todo el aparato de gobierno capitalino y federal, por supuesto, aplicados a empujar la consulta de revocación de mandato sin importarles violar la ley que ellos mismos crearon.
El tema podría pasar como uno más de la agenda nacional, si no es porque la empresa responsable de corregir la obra es una de las integrantes del Grupo Carso, de Carlos Slim, quien frente a Carlos Salazar, el presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial, hizo un llamado para dejar atrás las confrontaciones y a restablecer el diálogo, porque “un gobierno elegido democráticamente, hay que respetarlo; hay que aprender a discutir con ellos, con los técnicos y con los secretarios del ramo”
Y soltó más… “La es una estupidez; la confrontación a México le hace daño, a la empresa le hace daño, al gobierno le hace daño y a todos nos hace daño. Se me hace una tontería. Yo creo que lo que debemos hacer es trabajar unidos, que se invierta, que se apoye y que salgamos de esta situación de subdesarrollo”.
Las palabras del empresario más poderoso del país no debieron ser marginadas, porque se trata de una figura cuya fuerza financiera es de más de 71 mil millones de dólares, del capital financiero mundial número 14, del que representa alrededor del 9 por ciento del producto interno bruto nacional. más, el Grupo Financiero Inbursa, tiene en su poder la deuda privada de las principales compañías de México, desde el poderoso duopolio televisivo hasta la productora Argos del asesor propagandista Epigmenio Ibarra, pasando por muchas constructoras, radiodifusoras y petroleras. Además, otra compañía del magnate fue la creadora y aún administradora de la Plataforma México, que concentra la información de seguridad pública y seguridad nacional. Por eso, Slim es un factor de estabilidad financiera, política y social de México; Slim es un tema de seguridad nacional.
Y Slim ha sido, quizá, la cabeza del grupo empresarial al que más le han sido desmontados por la 4T sus contratos y privilegios con el gobierno mexicano desde hace más de 20 años y, si no lo creen, que hay que releer con lupa el libro A mitad del camino, de Andrés Manuel López Obrador.
El que llama a la conciliación y al respeto a la investidura presidencial es la persona que, en otro país y circunstancias, habría estado peleando con el régimen en todos los frentes y hasta financiándole campañas sociopolíticas para desestabilizarlo. En lugar de ello, ha vuelto a extenderle la mano, darle el espaldarazo y llamar a la cordura a los nuevos dirigentes empresariales que, sobra decirlo, están muy abajo del potencial que él tiene.
Sí, sin duda, una de las cosas positivas que trajo la Cuarta Transformación fue el apretón fiscal para que los grandes empresarios aporten lo que deben, lo que debe ser justo y lo que urge para el país. La clase empresarial mexicana es buena para hacer grandes negocios, no en vano tenemos además de los Slim, los Larrea, los Salinas Pliego, los Azcárraga, los Bailleres, los Fernández, los Servitje, los Garza Sada, entre otros, entre los más ricos del mundo. Son buenos para hacer dinero, pero malos, muy malos como patrones y promoventes de reducir la criminal desigualdad social que tanto urge al país y que nos tiene envueltos en esta crispación social y de violencia. Si en este país hubiera mejores empleos, salarios justos y pagos conforme a las reglas del mundo capitalista, los mexicanos de estratos pobres y clasemedieros no serían el caldo de cultivo para el crimen organizado.
Hay que decirlo, no sólo este gobierno sino los anteriores nos quedan a deber mucho para estructuralmente meter en cintura a estos empresarios; porque, más allá de los apretones a los evasores fiscales, se requiere sentar las bases para una auténtica reforma fiscal integral que permita incorporar al menos la mitad del 75 por ciento de quienes siguen trabajando en la informalidad o que evaden sus pagos por clasificaciones fiscales absurdas y rebasadas. Nos quedan a deber en el gobierno, pero más, mucho más los empresarios. Ojalá el llamado a la conciliación en la relación empresariado-gobierno de la 4T, sea también un llamado a la conciliación social.
En respuesta, el relevo en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial facilitó la llegada de Francisco Cervantes Díaz para liderar al organismo que aglutina a más de dos mil compañías que representan el 80 por ciento del Producto Interno Bruto. En comparsa con el discurso de Slim, también llamó al diálogo, al respecto y a la construcción de acuerdos con el gobierno.
El 29 de octubre de 2005 y cuando todos creíamos que Andrés Manuel López Obrador sería el presidente de México, Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Lorenzo Zambrano, Ricardo Salinas, Roberto González Barrera, Carlos Hank Rohn y Fernando Senderos, entre otros empresarios mexicanos, conformarán un frente común para impulsar la firma de un pacto político nacional para retomar el crecimiento de la economía: Acuerdo del Alcázar de Chapultepec.
Se trataba del acto más importante que el sector empresarial haya lanzado a la clase política, al entonces gobierno de Vicente Fox y, particularmente, a los presidenciables, con el fin de obligarlos a apoyar un mínimo de acciones para impulsar tanto la economía como el respeto al estado de Derecho, “como marco indispensable para la convivencia ciudadana y la realización de actividades productivas impulsoras de la inversión y el empleo.”
Como es de todos conocido, fue el gobierno de Fox quien desechó tal propuesta y se dedicó a sabotear la campaña del entonces candidato de la Coalición por el Bien de Todos en una operación de Estado para impedir su triunfo, lo que finalmente resultó. Entonces, en lugar de llamarlos a la unidad y al respeto a la democracia, varios de estos empresarios (entre ellos, por cierto, Alfonso Romo) fueron coaccionados y llamados a influir en la sucesión presidencial de 2006 con las consecuencias que todos conocemos.
En distintos niveles y en diversos modos, los hombres de negocios no han cesado de protestar, reclamar y hasta amenazar a la clase política, aduciendo la falta de apoyo a sus necesidades que pasan lo mismo por temas económicos, que sociales y políticos. Hoy, las circunstancias han cambiado y esperemos que ese viejo llamado al Acuerdo del Alcázar de Chapultepec sea desempolvado y enriquecido con una dosis de compromisos de acción social de parte de los empresarios y de política social de parte del gobierno. Aún es tiempo.
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