Guanajuato, Gto. El procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato, Vicente Esqueda Méndez, llamó a la ciudadanía a ser vigilantes sobre los candidatos que se postulen, de manera independiente o a través de un partido político, para que las personas no tengan denuncias por no haber respetado los derechos humanos o ser violentadores.
En entrevista en la capital del estado, expresó que no sería prudente que el actual alcalde de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, se postulara para algún cargo popular, pues recordó que en 2016 se le emitió una recomendación por haber violentado a una regidora, misma que decidió no acatar.
Incluso en marzo de este año el alcalde tuvo una comparecencia ante los diputados locales y negó haber ejercido violencia con ediles, se dijo ser la víctima del proceso y evadió los cuestionamientos por los cuales no aceptó la recomendación de la PRODHEG, diciendo solo que fue una notificación.
El procurador reiteró que uno de los factores decisivos para decir a quién postular para un cargo, tiene que ser el conocer si han violado o no los derechos humanos de una persona, bajo cualquier circunstancia.
“Yo creo que no es prudente, no es el único caso, a lo mejor es el más conocido y quisa no nos damos cuenta de otros, como procurador, hago eco de las voces de la sociedad sobre que no nos interesa no conviene que haya funcionarios servidores públicos que violen derechos humanos (…) no me toca hacer pronunciamiento en ese sentido, queda en libertad de los partidos o instituciones políticas a quienes decidan postulan o no, yo abro el comentario no a un instituto sino en general a la sociedad, que sí analicen los perfiles de quienes serán candidatos, que sean personas que respeten los derechos humanos, en este estado y en el país y a favor de todas las personas”.
Vicente Esqueda dijo que, pese a toda la información emitida, el alcalde sigue sin aceptar la recomendación, siendo la única en ese estatus, pues reconoció que las demás instancias, dependencias y autoridades tienen un respeto sobre el trabajo que se hace en la procuraduría.
También reconoció que no tienen otra forma para poder obligar a un sujeto a cumplir con la recomendación, por lo que llamó a los diputados a valorar una reforma a la Ley para brindar mayores competencias a las procuradurías de los Derechos Humanos que posibilite aplicar sanciones.
“Estaría bien pensar en una reforma a la ley que posibilite que haya otra consecuencia, es algo que debe revisarse, porque no se puede aplicar sanción si no acatan la recomendación, nosotros estamos acotados por la ley y no podemos ir más allá, debe actualizarse y ser motivo de estudio y análisis la modificación a la ley”.
Finalmente, el Ombudsperson dijo que no se tiene otro caso en donde se haya hecho una recomendación directa a un alcalde o alcaldesa por violación a los derechos humanos.
“No hay quejas hacía otros alcaldes, pero si recomendaciones, que no son a ellos directamente, sino que derivan de otras circunstancias de servidores públicos en un rango jerárquico abajo”, concluyó.
