Guanajuato, Gto. El presidente de la comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso de Guanajuato, Martínez López Camacho, reconoció que es urgente contar ya con las reformas a la Ley de Movilidad del estado y atender las necesidades, en materia vial, para las personas con discapacidad.
En entrevista, reconoció que van rezagados en la materia, pues se trata de una homologación con la ley federal, por lo que dijo que impulsará a que el tema esté poniendo a discusión en el Pleno, antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones.
Dijo que es importante reconocer las obligaciones que la autoridad tiene con las personas con discapacidad, para que se les garantice el derecho a la movilidad.
“Deseo y así quiero que esa que este dictamen de las cinco iniciativas sea llevado al Pleno en este periodo y vamos a insistir; se tienen que tomar en cuenta a las personas con discapacidad, tanto en el tema de seguridad y con en el de vialidad, es importante, sobre todo en las obligaciones que tendrá la autoridad para que este sector goce del derecho a la movilidad”.
López Camacho dijo que, entre los pendientes, está la consulta pública, en donde incluso se contempla a la población indígena y sus comunidades.
Cuestionado sobre las principales necesidades que se atenderían con la reforma, el legislador mencionó que tanto en materia vial como en equipamiento en el transporte, es decir, que se garanticen las condiciones para que una persona con discapacidad pueda caminar libremente en las calles, así como un transporte público adecuado a sus necesidades.
“Están las condiciones en esa área y que transiten por la vía publica sin estar en riesgo su integridad y asegurar el derecho a la movilidad (…) la ley nos obligará a ello, aunque hay municipios que tienen avances significativos, no podemos dejarlo en lo discrecional y echar la bolita si le toca al gobierno municipal o estatal de hacerlo o no, se debe tener la garantía”.
Finalmente, recordó que, dentro de los últimos acuerdos de la comisión de Seguridad en esa materia, es solicitar agilizar los resultados para hacer las consultas públicas a la Unidad de Investigaciones Legislativas, pues informaban que podían hasta abril de 2024.
son cinco iniciativas de reforma en la materia, la primera también busca modificaciones en el Código Territorial para el Estado y en la Ley del Sistema de Seguridad Pública, a fin de llevar a cabo la armonización indicada de la legislación local a la ley general en materia de movilidad y seguridad vial.
Las demás tienen el objeto de impulsar la movilidad con perspectiva de género; una más para que las obras de infraestructura vial urbana y carretera prioricen a las personas peatonas, a los vehículos no motorizados y al transporte público; la cuarta, a fin de homologar o introducir el concepto de servicio de transporte integrado como una de las prácticas de planeación conjunta y gobernanza territorial más allá de los límites municipales en las zonas metropolitanas como un modelo deseable a nivel nacional.
