+ La reforma del PJF puede y debe perfeccionarse

+ Señales claras, de Clara

La violencia y la miseria no es algo nuevo en Guerrero. Desde hace mucho tiempo en las ocho regiones conviven con la violencia que desatan lo mismo caciques políticos, ganaderos, mineros o empresarios transnacionales con sus guardias blancas, presuntas guerrillas, autodefensas, guardias comunitarios, que narcotraficantes, de manera cotidiana.

Los asesinatos del alcalde de Chilpancingo, su secretario de Ayuntamiento y de quien iba a ser el titular de Seguridad Pública en menos de una semana, así como el crimen contra el alcalde electo de Copala, cometido intelectualmente por su suplente. Más de 60 políticos en activo, candidatos o pre candidatos, asesinados, al menos cinco de ellos vinculados familiarmente con la familia Salgado Macedonio, son prueba de la descomposición de las instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia y, sobre todo, de la clase gobernante que han creído que la “pax narca”, esa paz pactada con el crimen, es efectiva y factible.

El método del crimen contra el edil de la capital de Guerrero no tiene precedentes, y aunque se quiera negar, es un desafío directo al Estado mexicano y al gobierno que ya encabeza Claudia Sheinabum Pardo, porque ocurre a una semana que ella piso suelo en Acapulco para atender la emergencia de Acapulco.

Es un desafío a todas las instituciones que están justo ahora a revisión, desde la reforma el Poder Judicial Federal, pero que ya se ha anunciado irán también a los poderes judiciales estatales, con más fuerza a la transformación de las fiscalías estatales, así como las policías estatales y municipales. Para nadie es un secreto que en Guerrero las autoridades han sucumbido ante la amenazas, presiones y coacciones de la delincuencia organizada. Ejemplos históricos son el caso de los Abarca en Iguala, y en este año el alcalde Taxco y sus familiares involucrados con secuestros y extorsiones.  

Ahí están los asesinatos de Chilpancingo y la zona Centro y la Sierra, donde “Tlacos” y “Ardillos” mantienen sus combates por el control del tráfico de drogas, pero también del transporte y la extorsión; que en la Tierra Caliente y Zona Norte lo domina la “Nueva Familia Michoacana” con total impunidad; o que en Acapulco y Costa Grande hay proliferación de pandillas de los llamados “CIDA” y “Rusos”. Claro, todos estos grupos aliados o ramificados de los grandes como el otrora Cártel del Golfo, y los poderos actuales: el CJNG  y las distintas facciones de Cártel de Sinaloa en disputas intestinas.

La dinámica de la perversa complicidad de autoridades, políticos con el crimen organizado ha dado como resultado que amplias regiones de la entidad sean controladas por delincuentes que fungen como autoridades de facto: “estados paralelos”, como lo expusimos hace ya varios meses, ampliando la corrupción, la violencia, las desapariciones forzadas, el abigeato y los despojos. Poco se habla, pero esta situación ha castigado a los más pobres de un territorio de por sí pobre, que deben pagar más caro desde el agua y las tortillas hasta los derechos a cosechar, tener ganado y trabajar, además de un proceso de expulsión silenciosa.

En este contexto, surgen dudas si la consolidación militarista de la seguridad y la administración pública federal sea la correcta. Para “México Evalúa”, por ejemplo, “la militarización es un instrumento de control político a nivel territorial. Debilita las políticas locales, ocasionando que los gobiernos estatales y municipales se vuelvan dependientes de la federación, lo que abre espacios para el chantaje político”. Si bien este día se anunció la Estrategia Nacional de Seguridad en el que se pretenden tres ejes de acción fundamental para que tenga éxito: participación de los gobiernos estatales, fortalecer la inteligencia criminal y atacar las finanzas del crimen organizado, aún falta mucho para que esto pueda ocurrir, siendo evidente la omisión y complicidad de varios mandatarios y sus funcionarios.

La crisis de inseguridad histórica de Guerrero, después de dos huracanes devastadores (Otis en 2023 y John en 2024) consecutivos en Acapulco, de cuya actividad económica depende el 70 por ciento de todo Guerrero, sin duda elevará más la violencia y el riesgo de gobernabilidad en varios municipios y regiones, tanto del estado como de entidades vecinas.

Ayer, la Secretaría de Gobernación fue cuestionada sobre los hechos de Guerrero, deslindándose diciendo que ya no era la titular de Seguridad Pública sino de Gobernación. Quizá porque no tiene formación básica de filosofía y ciencia política, ni de ciencias jurídicas elementales, es que no entiende qué es el Estado, y quizá en sus multifunciones como servidora pública le han impedido leer a los clásicos como Thomas Hobbes, Max Weber, Jellinek o algunos de los mexicanos que han abundado al respecto.

Al 7 de octubre, en una semana de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, 566 homicidios dolosos se han registrado en días pasados: el lunes fueron 78; el domingo 88; el viernes 75, el jueves 97… y así sigue el listado. Hasta el momento de escribir estas líneas son 23,613 los homicidios, entre ellos, una primera masacre de migrantes cometida por militares.

Gabriel Zaid, apuntó hace unos diez años que “la inseguridad (en México) proviene de las disputas territoriales de estos delincuentes y del Estado omiso o delincuente. Ahí está la dificultad democrática. ¿Cómo imponer derechamente un Estado de derecho? Por partes”.

Y es que las teorías del Estado son cuatro básicas: la evolutiva, la de la fuerza, el derecho divino y el contrato social, todas coincidiendo en que es deber del mismo garantizar la seguridad de su población y tener el monopolio de la violencia. Si no hay seguridad, no hay Estado; si hay poderes ilegítimos, no hay Estado.

+ La reforma del PJF puede y debe perfeccionarse… Tanto para que no sea una acción aislada, pues la raíz del problema sigue partiendo de la corrupción de policías, ministerios públicos, fiscalías y poderes judiciales estatales y… sobre todo: la pobreza de las víctimas. Mientras estos niveles no se depuren todo será una estafa. Pero, además, cuidado, porque la elección de jueces puede no ser transparente ni democrática. Que el partido gobernante y sus aliados sea quien decida con el poder de sus mayorías quiénes van a las urnas ya es un defecto, porque quienes sean candidateables creerán que deben sus cargos y posibles ascensos al político que lo propuso. Esto equivale a anular el poder judicial como equilibrio, dándole la razón a los actuales detractores. Y peor todavía, que haya mano negra de los poderes fácticos de la élite del poder empresarial y del crimen organizado. Así que, opositores, funcionarios del PJF y académicos, deberían concentrarse en trabajar a fondo en los transitorios y las reglamentarias de la reforma y convencernos que harán todo lo posible para que no se ejecute con errores.

+ Señales claras, de Clara… Clara Brugada anuncia la creación de una “policía metropolitana” para garantizar la seguridad en el valle de México, además de convocar a un Parlamento Metropolitano. Habrá de que darle seguimiento y que este enésimo esfuerzo por una coordinación metropolitana ahora sí sea efectivo, teniendo tanto a la CDMX, al EDOMEX, Morelos, Puebla e Hidalgo bajo gobiernos del mismo partido: Morena.

Contacto: [email protected]