De tanta atención al señor Trump casi nos hemos olvidado de que este año nuestra ciudad, la Ciudad de México, tiene varias fechas para conmemorar y festejar. Y es que oficialmente se cumplen 700 años de la fundación de Tenochtitlan (aunque se manejan varias fechas: el 12 de diciembre, el 18 de julio, y la más consensuada por los historiadores, el 13 de marzo de 1325).

Pero más aún, también se celebra el octavo aniversario de la Constitución de la CDMX, reconocida como una de las más vanguardistas y progresistas del mundo, al incorporar la famosa Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, que incorpora las demandas de las luchas urbanas con el proceso de reconocimiento del derecho a la ciudad (con todo lo que ello implica) como derecho humano, bajo un ejercicio amplio de diálogo y consensos en todas las expresiones político-partidistas de la capital del país.

Y por si fuera poco, en esta metrópoli recordaremos los 40 años de los sismos de 1985, lo cual explicaron tanto el resurgimiento de la movilización de las conciencias, la solidaridad y el impulso al llamado movimiento urbano popular que, sin duda, fue la antesala de la insurrección cívica nacional de 1988 cuando la candidatura de Cuauhtémoc Cárdena hizo cimbrar al viejo sistema régimen y que, en 1997, permitió su triunfo en la jefatura de Gobierno. Claro, estos hechos abrieron paso para que el lopezobradorismo creciera hasta consolidar el triunfo en la Presidencia de la República en 2018, algo que parecía imposible para los movimientos y partidos de centro- izquierda.

Por esta razón, desde el pasado mes de enero, se han ido desarrollando mesas de análisis: política de vivienda, política social, la ruta crítica para la construcción de UTOPÍAS, promoción de la economía social, gobernabilidad democrática y organizaciones sociales, además la atención de la crisis migratoria, entre otras.

Es decir, todo un andamiaje temático y de políticas públicas del gobierno progresista de nuestra Ciudad de México, una de las diez más grandes del mundo en cuanto a población (más de 9 millones tanto sólo en lo que era el Distrito Federal, pero juntando la zona metropolitana son más de 21 millones de habitantes), infraestructura y promoción económica, actividades artísticas y culturales, aportando el 14.8 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

En 2025, al conmemorar el 40 aniversario de los sismos de 1985, también es motivo de reflexión sobre los avances y los desafíos que la Ciudad de México sigue enfrentando, no sólo de los gobernantes sino de los propios ciudadanos y los movimientos sociales que, aquí, siguen incubándose. En 1985, el movimiento urbano popular se centró en la demanda de vivienda digna y en la reconstrucción de las áreas afectadas. Organizaciones vecinales, estudiantes universitarios, grupos de damnificados y activistas abogaron por una mayor participación ciudadana en las decisiones urbanísticas y en la planeación de la ciudad.

La emergencia, por un lado, rebasó al gobierno local y federal, sorprendió al partido oficial (PRI) y forzó a la población a tener nuevas formas de organización comunitaria y a la puesta en marcha de proyectos de autogestión y autoconstrucción, lejos del poder político. Los damnificados fueron todo un movimiento social auténtico, ajeno al partido en el poder y a los partidos registrados en la arena electoral. Después, desde aquí mismo, vinieron otras movilizaciones sociales contra el pago de la deuda y contra la privatización de la educación pública, surgiendo el CEU de la UNAM (1987-1988) y la irrupción del magisterio disidente.

La memoria de aquellos hechos nos obliga a la revisión del mismo movimiento urbano popular, pues a la par que se anuncian actividades conmemorativas, el partido en el gobierno (Morena) convoca y quizá hasta coacciona a los grupos sociales y colectivos a una afiliación masiva.  El movimiento urbano popular surgió autónomo, lejos del gobierno, sin mayor compromiso que rescatar a la ciudad y coadyuvar a la recuperación de las personas que perdieron todo.

Ha sido la autonomía y autogestión lo que permitió esa fuerza, ese carácter popular y sin pastoreo partidista; por eso, tanto desde la era del PRD como ahora MORENA, se equivocan al intentar coaccionar a una afiliación masiva de los grupos sociales, corriendo el riesgo de desmovilizar, desarticular y disciplinar partidistamente lo que en esencia debe ser libre y crítico del poder político, porque ahí se nutre el poder popular.

A raíz del terremoto, surgió un movimiento urbano popular que se centró en la demanda de vivienda digna y en la reconstrucción de las áreas afectadas. Este movimiento estuvo compuesto por organizaciones vecinales, grupos de damnificados y activistas que abogaron por una mayor participación ciudadana en las decisiones urbanísticas y en la planeación de la ciudad. La emergencia dio lugar a la creación de nuevas formas de organización comunitaria y a la puesta en marcha de proyectos de autogestión y autoconstrucción.

La organización comunitaria y la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones se convirtieron en pilares fundamentales del movimiento; por ello, en este preciso momento, el desafío de las organizaciones se debe centrar en rescatar las figuras de la auténtica “sociedad civil” (no las franquicias disfrazadas de filantropía), la autogestión y autoconstrucción y la incidencia política, es decir, que sus propuestas influyan en las políticas públicas, promoviendo cambios legislativos y la creación de instituciones que velaran por los derechos de los habitantes en materia de vivienda.

Por supuesto, estas fechas conmemorativas representan un reto monumental que implica abordar tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, pues mientras hay bonanza en el régimen de derechos y libertades y hasta apuntar que la CDMX es una de las mejores ciudades de moda del mundo para vivir, hay también aspectos que nos falta mucho por cumplir como la infraestructura, la movilidad, la seguridad pública y el medio ambiente.

Nuestra metrópoli, con una historia que se remonta a tiempos prehispánicos, enfrenta desafíos modernos que requieren soluciones innovadoras y sostenibles más allá de los buenos discursos. El trabajo que realiza Clara Brugada, en la actual coyuntura, tiene visión prospectiva para la planificación urbana, el desarrollo sostenible y la inclusión social, esenciales para transformar la Ciudad de México en una urbe resiliente y próspera, urgen de una auténtica participación ciudadana y la colaboración entre sectores productivos para lograr una refundación, sí, una refundación que sea exitosa y honre su legado histórico y cultural, mientras se proyecta hacia un futuro más equitativo y habitable, sin simulaciones ni exclusiones de ningún tipo.

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