+ Producción Social de Vivienda, la apuesta de Clara Brugada
+ Narcoterrorismo mexicano, paso siguiente
Partamos de un consenso: nadie quiere que el Poder Judicial mexicano siga como está, porque es evidente que, ante su lentitud, corrupción, nepotismo interno, tráfico de influencias y poca representatividad ciudadana, se requiere reformar. Pero ¿es la tendencia actual del proceso de supuesta democratización lo que lo mejorará? ¿Qué hacer con esos nombres que saben a corrupción, complicidad política y criminal, oscuros intereses e incierta ética jurídica? Para muestra un botón: esta misma semana Human Rights Watch (HRW) reporta que en México el nivel de impunidad en 83 por ciento de los crímenes.
El desafío y la esperanza de la propuesta reforma al Poder Judicial radicaba, y me encuentro entre ellos, en encontrar un equilibrio entre una verdadera democratización del Poder Judicial y la eliminación de esos elementos que han manchado su reputación y buen desempeño. La tendencia por democratizar la selección de jueces y magistrados parecía ser un ejercicio interesante para vincular a los juzgadores con los ciudadanos, pero ¿fueron estos cambios realizados lo suficientemente profundos y sinceros como para marcar una diferencia real con el modelo zedillista o con los anteriores modelos de impartición de justicia?
Una verdadera reforma debía enfocarse en la transparencia total del proceso mismo y en el apego estricto a la Constitución y a las leyes que han sido cambiadas por sus mismos impulsores. Sin embargo, el camino de la reforma al Poder Judicial mexicano ha sido todo un laberinto intrincado, lleno de vericuetos legaloides, interpretaciones a modo y resoluciones con una redacción tan confusa como explicarle a un chino cómo preparar chiles en nogada, y claro, lo que debía ser un ejercicio de democracia auténtica queda reducida a una tómbola amañada, tramposa, fraudulenta.
Peor aún, conforme se van conociendo las listas de los aspirantes, algunos de ellos ya descartados, varios de esos nombres horrorizan por sus turbios pasados, como Marisela Morales, ex procuradora General de la República, siempre cobijada por la élite militar más desprestigiada del Ejército, y a quien se le acusó de no aclarar el caso de los testigos protegidos que desaparecieron nomás acusaron con intereses políticos a algunos objetivos. Ni qué decir del padrinazgo que ha tenido del General Rafael Macedo de la Concha, el ex procurador foxista al que se colaron hasta el staff presidencial publirrelacionistas de cárteles, y que por cierto también impulsa a su esposa Zulema Mosri para un cargo de elección judicial. O el caso del ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón, Roberto Gil, que quizá sea buena persona, pero su papel durante el sexenio donde se abrió la vinculación a varios cárteles de la droga y a escándalos de corrupción, deja mucho qué desear.
Además, hay nombres conocidos por sus polémicas públicas como Yasmín Esquivel, esposa de un polémico constructor muy cercano al poder y señalado de haber influido para abortar la millonaria inversión en NAIM porque no estuvo considerado; por supuesto, Lenia Batres, la autonombrada “ministra del pueblo”, que quizá tiene toda buena intención por la justicia social, pero a quien más de una vez han evidenciado sus limitaciones cognoscitivas en las materias que le toca resolver. Y el caso Paula María García Villegas, hija de la ex ministra Olga Sánchez Cordero, cuando el debate nacional antinepotismo apenas inicia.
Ni qué decir de ese fenómeno del padrinazgo político-burocrático, mejor conocido como influyentismo, que también es una preocupación, porque si hasta hace poco era la partidocracia la que podría bendecir a candidatos a ministros del PJF y los PJ locales, hoy los señalamientos recaen sobre tres personas; los dos líderes parlamentarios federales y el ex presidente de la Corte y actual asesor presidencial, Arturo Zaldívar, a quien señalan de haber colocado e impulsado alrededor del 60 por ciento de candidatos los cargos de elección del próximo nuevo Poder Judicial, entre jueces y magistrados.
Estos son algunos de los errores visibles, la punta del iceberg ¿y los que no son visibles? ¿Qué hay abajo del iceberg que los reformistas no han querido echarle el ojo antes de que el nuevo PJF impacte con todo contra él? Porque, así como se han colado figuras polémicas y de pasado cuestionable, qué nos indica que no habrá postulantes impulsados por los poderes fácticos financieros, transnacionales y de la delincuencia nacional y mundial.
La lista enviada por el Senado contiene al menos 222 denuncias de errores, como postulaciones de personas para varios cargos simultáneamente y candidatos a puestos inexistentes, entre otros que, según el INE, el Senado debe corregir en dos días.
En esto este asunto, el elector, o sea, usted y yo ciudadanos, quedamos atónitos e incapaces de digerir quién es quién y cómo acudir a la votación del 01 de junio del año en curso para elegir quienes impartirán la justicia en México de un total de 4,235 candidaturas para ocupar 881 cargos judiciales federales, de acuerdo con los datos entregados por el INE.
¿Ya sabe cómo vamos a votar? ¿Por quién si ni siquiera a nuestros propios representantes populares como regidores, concejales o alcaldes terminamos de conocer? ¿Y si hubiera cambio de señales antes de que toda la reforma se convierta en una gran decepción?
No hay duda de que existe una gran resistencia por parte de ciertos grupos interesados en mantener el statu quo, mientras que, por otro, la complejidad de implementar cambios estructurales profundos requiere un consenso político que actualmente parece difícil de alcanzar. Las dudas sobre la viabilidad de estas reformas y su impacto real en la justicia y el estado de derecho son cuestiones centrales en este debate.
Más aún, ¿y si nos cae otro arancelazo de Trump para reventar el proceso de elección del PJF mexicano?
Porque esta posibilidad no se ha descartado, toda vez que la agenda impositiva del presidente estadounidense hacia México no está en condicionar la reforma por los puntos finos del T-MEC, sino sobre dos temas principales: el tráfico del fentanilo por parte los cárteles ya calificados de terroristas y la migración, los cuales atraviesan por señalamientos de corrupción de todas las instancias del poder público de nuestro país y de que los grupos delictivos tienen intención firme de montarse sobre la nueva estructura judicial.
¿Estamos preparados para un golpe en la mesa como ahora lo anda haciendo a diestra y siniestra con amigos y enemigos? ¿Cómo podrán sortearse estos dilemas con un régimen que se endurece y una oposición que se desvanece?
El futuro de la reforma al Poder Judicial ha sido un tema de intenso debate, preocupación e incertidumbre en diversos sectores de la sociedad, justo cuando la coyuntura geopolítica nos obliga a darle certeza a quienes quieren confiar en México con más inversiones y más empleos para los siguientes años.
A medida que el entorno político y social evoluciona, el futuro de la reforma al Poder Judicial sigue siendo incierto, dejando a muchos cuestionando si se logrará un cambio significativo que beneficie a la sociedad en su conjunto. Y ahí está el meollo del asunto, porque si la reforma termina siendo la Gran Decepción Nacional, el costo económico, político y social podríamos pagarlo muy caro, todos, desde la presidenta hasta el ciudadano común.
+ Producción Social de Vivienda, la apuesta de Clara Brugada… La jefa de Gobierno de la Ciudad de México inició su discurso agradeciendo a los organizaciones sociales del movimiento urbano popular y les dio amplio reconocimiento por su papel pro activo en la lucha democrática de la CDMX, pero sobre todo, el apapacho completo: una nueva política de vivienda con una inversión histórica de 9 mil millones de pesos, enfocada en frenar la expansión irregular, construir 5 mil viviendas en renta y regular el mercado inmobiliario, además de ampliar los techos presupuestales para las viviendas sociales que construirá el INVI. Un reconocimiento especial para el secretario Inti Muñoz Santini y su equipo en la tarea decidida de revertir la gentrificación, la especulación inmobiliaria y hacer posible que la población sin seguridad social tenga derecho a su vivienda.
+ Narcoterrorismo mexicano, paso siguiente… Se tardaron dos semanas, pero la advertencia del ordenamiento iba en serio. Los cárteles mexicanos ahora son calificados de terroristas por el gobierno de Estados Unidos y ello implica que son considerados enemigos a su seguridad y paz interior. Estos son: 1. Cártel de Sinaloa; 2. Cártel Jalisco Nueva Generación; 3. Cártel del Golfo; 4. Cártel del Noreste; 5. Cárteles Unidos, y 6. Familia Michoacana. ¿Qué sigue?
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