Diez meses han transcurrido desde que la Presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo con la promesa de elevar la Cuarta Transformación a un “Segundo Piso”, pero el panorama se ha tornado más accidentado de lo anticipado. Si bien las cifras de aprobación mantienen su brillo en las encuestas, la realidad se resiste a las narrativas triunfalistas. A la par de la popularidad, crecen también los desafíos: el endurecimiento de aranceles y amenazas comerciales provenientes del gobierno de Donald Trump reavivaron tensiones en la relación bilateral y pusieron a prueba la capacidad de negociación mexicana, la cual tiene una nueva fecha fatal para ofrecerle al mandatario estadounidense: 31 de julio de 2025.
Otro frente es Morena, su partido, el cual enfrenta su propio laberinto de contradicciones y la mayor crisis ética que no logra entender: escándalos internos y la distancia entre la retórica de transformación, renovación moral y las acciones de quienes la representan, han abierto grietas en la confianza pública. No es la crítica al privilegio de viajar, de poseer alguna riqueza, sino a la oferta con que caminaron al lado del pueblo pobre que les dio su confianza.
En este contexto, la historia del huachicol —convertida en saga nacional— se consolida como uno de los expedientes más complejos y persistentes. Cada capítulo revela nuevas capas de corrupción, complicidad e intereses cruzados, exigiendo respuestas contundentes y transparencia… por disposición no de la Fiscalía General mexicana, sino de los Estados Unidos.
Complicado escenario de desafíos y presiones, la nueva política de seguridad pública se ha redefinido bajo el amparo de reformas legislativas que otorgan a la Secretaría de Seguridad Federal facultades extraordinarias. Si bien el combate al tráfico de fentanilo ha sido el estandarte visible—en respuesta directa a las exigencias del gobierno estadounidense—, el entramado de complicidades criminales, políticas e institucionales que rodea al huachicol no ha quedado fuera de la estrategia.
La intersección entre ambos delitos ha evidenciado que las redes de corrupción y tráfico no operan de manera aislada, sino como parte de un ecosistema criminal más amplio, donde los beneficios del comercio ilegal de combustibles alimentan otras actividades ilícitas, incluida la circulación de drogas sintéticas.
En este escenario, la presión internacional aumenta, especialmente desde Estados Unidos, que exige resultados tangibles y mayores controles sobre el flujo transfronterizo de combustibles. Sin embargo, la sombra de la colusión política y la infiltración del crimen en sectores clave del aparato estatal dificulta desmontar todo el entramado. El huachicol, convertido en símbolo de corrupción e impunidad, actúa como un espejo incómodo de los desafíos estructurales del país.
En este contexto de tensiones y exigencias, el hecho de que buena parte de las campañas digitales y críticas en medios apunten directamente a mandos militares y, sobre todo, a políticos morenistas o a sus gobiernos estatales del corredor petrolero del Golfo de México, adquiere un peso específico en el debate público. No se trata solo de cuestionar individuos, sino de subrayar que los epicentros del poder —militar, político y administrativo— en las regiones más estratégicas para la economía energética nacional, funcionan como polos de atracción tanto para la atención mediática como para la sospecha social.
Este señalamiento constante termina por erosionar la legitimidad de las reformas en seguridad y complica aún más la tarea de separar la acción institucional del entramado de intereses particulares. La narrativa dominante, alimentada por campañas digitales y columnas de opinión, busca responsabilizar no solo a operadores menores sino a figuras clave, generando una presión que trasciende el ámbito judicial para instalarse en el corazón de la confianza ciudadana y la percepción internacional sobre la capacidad del Estado mexicano de limpiar su propia casa.
Frente a este panorama, la expectativa social se mantiene en vilo. Queda la pregunta de si alguna vez se logrará desmantelar de raíz la red de intereses políticos que sostienen al crimen organizado en México, para evitar penalizaciones arancelarias del principal socio y sostén de la economía nacional: Estados Unidos.
Muchos retos se ven lejos de resolverse en un mediano plazo, mientras alimentan un clima de incertidumbre que atraviesa todos los niveles del gobierno, los sectores económicos y paulatinamente a la sociedad, y obligarían a la Presidenta Sheinbaum y su equipo cercano a actuar a contrarreloj para evitar que los pendientes terminen por opacar la esperanza de una transformación auténtica. Y, dicho todo anterior, sin duda está caliente la expectativa de que sí, vendría un golpe maestro que rompa de tajo con toda la herencia maldita y turbia de los grupos criminales. ¿Cuál será ese manotazo? ¿Será sólo de este lado de la frontera o esperarían a que llegue del norte?
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