Guanajuato, Gto. Después de una audiencia de casi seis horas, las cuatro mujeres buscadoras detenidas arbitrariamente en 2020 mientras se manifestaban, tienen la esperanza de justicia.
Hace cinco años un grupo de buscadoras del estado de Guanajuato se manifestaba a la entrada de la capital guanajuatense, en la glorieta Santa Fe. De forma casi inmediata un gran número de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron llamados al lugar para contener la manifestación.
Lo que era un hecho pacífico se volvió un campo de pleito, pues en ese momento se detuvieron a cuatro mujeres buscadoras, con el argumento de que estaban siendo violentas.
Hoy en audiencia la jueza determinó reabrir la carpeta de investigación para que se agreguen más datos de pruebas sobre los presuntos actos de violencia que ejercieron las mujeres y los motivos por el que se les detuvo.
Uno de los abogados defensores, Roberto Saucedo Pimentel, explicó que desde la reforma de 2011 los jueces deben analizar los aspectos de legalidad, pero también los de convencionalidad y constitucionalidad.
“La jueza de partido debe tener esa base de analizar tratados internacionales en materia de manifestaciones públicas. Se tomó entonces el documento que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denominado Protesta y Derechos humanos, Relatoría especial”,
Explicó que las autoridades deben tomar en cuenta la ley nacional, pero también los tratados internacionales al momento de actuar en una detención, pues se tiene el derecho a la manifestación, donde se engloba el de expresión y reunión.
Detalló que una persona no puede ser detenida por participar en una manifestación, y solo se llega a esa acción si se ejerce violencia. También debe prevalecer la tolerancia cuando se ejerce dicho derecho, entiendo molestias que pueden ocurrir a terceros cuando personas se manifiestan.
Roberto Saucedo mencionó que la autoridad competente, es decir, el Ministerio Público en audiencias pasadas refirió que hubo violencia, pero no se pudo concretar qué actos fueron los que hicieron las buscadoras, por ello es que se determinó reabrir la investigación y admitir nuevos datos.
Agregó que, en esta nueva fase, se agregará investigar a los mandos. En ese año se encontraba en el cargo de secretario de Seguridad Pública Alvar Cabeza de Vaca.
“No es creíble que los policías actuaron de manera unilateral, hay quién les ordenó. También se tendrá que verificar que se recibió la llamada al C5 y que por esa razón fue que se trasladaron los elementos. Tiene que abrirse a las pruebas y resolver de nuevo y tomar en cuenta lo que determinó”.
Finalmente, expresó que este avance es un logró para conseguir justicia, ante una política arbitraria que existió en la pasada administración estatal, encabezada por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
