Dolores Hidalgo, Gto. En seguimiento al Convenio de Colaboración Interinstitucional firmado el pasado 18 de septiembre de 2025, autoridades estatales y municipales, acompañados por representantes de la empresa AGROVERDI S.A. de C.V., realizaron este 19 de septiembre un recorrido de verificación en el Rancho El Ramillete, ubicado en el municipio de Dolores Hidalgo, con el objetivo de constatar los avances en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo reparatorio en favor de los trabajadores agrícolas.
Este evento marca un hito importante en la consolidación de una justicia con enfoque humanista, en la que las instituciones, trabajando de manera coordinada, colocan a las personas en el centro de sus acciones. En este proceso, se busca garantizar y promover derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda digna y las condiciones laborales justas.
Durante la jornada, estuvieron presentes las autoridades firmantes del convenio, quienes reafirmaron su compromiso con la justicia social y laboral:
Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
(PEPNNA)
Secretaría de Salud de Guanajuato
Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG)
Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social
Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo
Fiscalía General del Estado de Guanajuato
Representantes de AGROVERDI S.A. de C.V.
Este proceso tiene su origen en una Carpeta de Investigación iniciada el 8 de julio de 2025, a raíz de la identificación de un grupo de trabajadores como víctimas directas de violaciones a sus derechos humanos y laborales. Ante este escenario, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato optó por impulsar una salida restaurativa que priorizara la reparación integral del daño, basada en principios
como la justicia con dignidad, la escucha activa y la acción institucional coordinada.
El acuerdo reparatorio, formalizado mediante este convenio, se distingue por ser una herramienta innovadora y transformadora, que no solo busca reparar los daños ocasionados, sino también transformar las condiciones estructurales que han dado lugar a tales violaciones. Este proceso será monitoreado permanentemente por un equipo facilitador designado por las instituciones firmantes, con el fin de garantizar que los compromisos adquiridos se traduzcan en beneficios reales, tangibles y sostenibles para las personas afectadas.
