Guanajuato, Gto. En el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reiteró el compromiso de su gobierno con quienes han sufrido el dolor de la violencia.
Durante la sesión, se presentó el Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas 2025–2030, que será el eje rector de la política pública en la materia, articulando a instituciones estatales y municipales para garantizar una atención ordenada, sostenible y con enfoque de derechos humanos.
Subrayó que Guanajuato es hoy un referente nacional en atención a víctimas, gracias al fortalecimiento del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que en 2025 alcanzó los 184.5 millones de pesos, el más alto del país.

Dijo que el organismo continuará y reforzará su compromiso con la no repetición del daño a las víctimas, mediante proyectos prioritarios como el memorial en Salvatierra, dedicado a la memoria y a la esperanza de las familias que han sufrido la violencia.
Hizo un llamado a las familias a acudir de forma directa a la CEAIV, evitando a personas intermediarias que lucren con el dolor, pues ara acceder a cualquier trámite o servicio de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas no se requiere la intervención de terceros. Las buscadoras y las víctimas pueden y deben acercarse de manera directa, para garantizar procesos justos y transparentes.
Asimismo, se rindió el 5º y último informe de gestión de Sergio Jaime Rochín del Rincón, primer presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), quien concluye su ciclo tras cinco años de trabajo al frente de la institución.
En su mensaje de despedida, Rochín del Rincón expresó que se trabajó con disposición, apertura y compromiso y se construyó una política estatal que demostró que el Estado puede actuar de manera unida frente a las demandas de justicia”.
Durante este periodo, la CEAIV inscribió a más de 9 mil 400 personas en el Registro Estatal de Víctimas, otorgó casi 40 mil medidas de ayuda y asistencia —principalmente alimentarias, traslados y gastos funerarios— y brindó cerca de 60 mil acciones jurídicas.