Hay tiempo para generar las reformas electorales en Guanajuato para el Poder Judicial

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Guanajuato, Gto. El presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, sostuvo que hay tiempo suficiente para que se adecue la normativa local para realizar la elección de jueces y magistrados para el 2027.

La semana pasada, el presidente de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, Juan Carlos Romero Hicks, reconoció que no se han presentado iniciativas electorales para adecuar la Ley de Guanajuato para dicho proceso. De hecho, dijo que tendrían hasta el 26 de febrero del año entrante para realizar cambios y armonizaciones.

En entrevista, Tinajero Muñoz recordó que, tras la reciente publicación de la reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato por parte del Congreso local, se abrió un plazo de 180 días para la emisión de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.

Actualmente, se han presentado tres acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promovidas por la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y un grupo de legisladores.

Dijo que el Poder Judicial del estado se mantiene atento a las resoluciones que emita la SCJN, así como a los trabajos legislativos que se emprendan en torno a la Ley Orgánica.

Tinajero Muñoz sostuvo que, por el momento, el calendario para la elección judicial no se ve afectado, pues la organización del proceso comenzará en septiembre de 2026, siendo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) el encargado de coordinar la logística y distribución por distritos.

Cuestionado sobre los tiempos para que los diputados locales trabajen en los cambios para aplicar el proceso de elección de jueces y magistrados, refirió que, en caso de que no se consiga cumplir con ello, se aplicará lo que marca la constitución federal.

Finalmente, el magistrado subrayó que lo ideal es lograr una armonización legislativa en el estado que dé certeza jurídica a los procesos y respete los tiempos establecidos por la reforma federal.