De pronto muchos voltearon al campo como si fuera novedad, cuando desde el kilómetro cero de la autollamada Cuarta Transformación los agricultores llevan pidiendo auxilio. Pagan los platos rotos de una corrupción que no rompieron. “Primero el campo”, dijeron. Y lo primero fue apagarle la luz: cancelación de fideicomisos —incluida Financiera Rural— y desaparición de 50 programas de fomento agropecuario; sobreviven apenas unos 20, entre ellos Sembrando Vida y Apoyo a la Producción, los consentidos de la casa.
Luego llegó el déjà vu del T-MEC: letras chiquitas que nuestros flamantes negociadores no leyeron y el maíz con focos rojos. Se armaron “mesas de diálogo”, que la UNTA rebautizó como “mesas vaciladoras”: menos soluciones y más “chocolate para el bienestar”, versión gourmet del clásico atole con el dedo.
La cosa se tensó cuando la CNPA (Coordinador Nacional Plan de Ayala) —aliada de PT y Morena— pidió revisar el nombramiento de Julio Berdegué en SADER, al que tacharon de académico neoliberal. Hoy ya exigen su renuncia. Nada personal: solo hambre.
El panorama exige talento político de verdad, no de tarima. El campo lleva lustros en crisis: endeudado, seco, erosionado, ahogado en abandono institucional. Y ahora tomó carreteras para recordarnos algo básico: ellos no siembran negocios; siembran nuestra comida.
Los incendios de corto plazo son dos: precios de garantía e inseguridad. Dos agricultores fueron asesinados recientemente —uno en Michoacán y otro en Veracruz— tras denunciar al crimen organizado que cobra derecho de piso por hectárea, condiciona productos y precios y hasta cobra cuota por gramo vendido. Estado ausente, ya siéntate.
Mientras tanto, desde hace tres semanas hay bloqueos y megabloqueos en vías primarias de al menos diez estados. Y ninguna autoridad federal ha salido a desactivar el malestar creciente. Política de “esperemos a que escampe”, con sequía o con diluvio.
¿Qué piden? Precios justos para maíz y sorgo y freno a la competencia desleal del T-MEC, donde el sobreproteccionismo de EE. UU. deja a los productores mexicanos en la banca. La ecuación es simple: los costos de producción subieron 46 % en cinco años y los precios de los granos cayeron 30–50 % desde 2022. Súmele cambio climático —de sequías extremas a lluvias extremas— y combustibles al alza (diésel y gasolina). Bon appetit.
El discurso oficial presume autosuficiencia y soberanía alimentaria, pero la importación va en sentido contrario. “Hoy México produce menos del 50% del maíz que consume, 20% del trigo y del arroz, 80% del frijol y 5 % de las oleaginosas”, denuncia la CNPA. Soberanía, pero importada.
La oferta federal: 6,050 pesos por tonelada, crédito al 8.5% y seguro agropecuario. La industria de alimentos procesados, esas que fabrican alimentos chatarra, quieren más y su contraoferta es ridícula: 5,200 pesos por tonelada. El movimiento campesino pide 7,200 pesos y explica por qué: por debajo de eso, no hay margen, hay exterminio.
Además, exigen políticas de Estado reales en el campo —las que se diluyeron con TLCAN y T-MEC—: precios de garantía efectivos, aranceles cuando el mercado se desplome y protección frente a consorcios industriales. Nada que no hagan otros países… con éxito.
Por ahora se agrupan en frentes y coordinadoras —como el Frente Nacional para el Rescate del Campo—, pero esto puede crecer. Si las protestas escalan y llegan a capitales y ciudades, no será turismo carretero: será el recordatorio de que el campesinado existe y que aquel “voto verde” dócil y pacífico ya no. Y sí: puede inclinar la balanza en las intermedias.
¿Afectaciones? Rutas estratégicas del Pacífico y el Bajío, casetas tomadas, logística paralizada y daños colaterales a otras actividades. Pero el reclamo no es capricho: es supervivencia. ¿Ya lo entendieron en el gabinete de crisis y atención a movimientos sociales de la Federación?
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