Es la historia sin fin de las redes de complicidad del poder político.

El asesinato de Carlos Manzo logró varios objetivos: en principio, la clase política local leyó el mensaje de amenaza letal; en segundo, todos hablan del tema; y en tercero, los criminales, conocedores de sus socios políticos, saben que aprovecharían el momento para lucrar, echarse culpas y polarizar sus posturas, antes que buscar acuerdos para desarticularlos o asumir sus responsabilidades.

Por supuesto, esto no comenzó con Felipe Calderón, como sostiene el discurso oficial actual, ni con Lázaro Cárdenas Batel, como aseguran panistas y priistas. En realidad, ni siquiera puede fijarse una fecha exacta. Lo cierto es que a mediados de la década de 1980 y hasta principios de 2012, al estado de Michoacán se le conocía popularmente como “La República Mariguanera”. Un reportaje de la revista Emeequis, publicado aproximadamente un año antes de 2012, lo documentó de forma amplia.

En ese entonces, el cannabis era el motor económico alternativo de Tierra Caliente y la región Purépecha, controlado por algunas familias que mantenían reglas de convivencia y no agresión. Sin embargo, cuando la mariguana dejó de ser rentable, el negocio migró al tráfico de cocaína, la explotación de la amapola y posteriormente las drogas sintéticas. Fue entonces cuando aparecieron el Cártel del Milenio (hoy CJNG), Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y todas sus derivaciones, desatando una guerra por el territorio michoacano.

Y aquí está el meollo del asunto: la producción y el tráfico de estupefacientes, cuyos procesos de “reingeniería” —por llamarlo de algún modo—, se convirtieron en una bomba de tiempo incubada en las comunidades rurales. La cancelación de compras masivas de amapola en Guerrero, Oaxaca y Michoacán dejó a los cultivadores sin fuentes de ingreso, provocando una ola de violencia por el control de rutas de transporte.

Así ocurrió con el caso del alcalde de Chilpancingo, secuestrado y decapitado por “Los Ardillos”, crimen que permanece impune y ejemplifica el nivel de violencia alcanzado.

La crisis derivada de la caída del mercado de la amapola —fuente primaria de la heroína— llevó a los delincuentes a buscar nuevas fuentes de financiamiento: el transporte público, la posesión de minas, la extorsión, el secuestro selectivo y, como ya es costumbre, la transformación de su imagen de capos en supuestos empresarios para saltar a la arena política con el mejor postor partidista.

La historia del narcotráfico en Michoacán es, pues, mucho más antigua y compleja de lo que algunos relatos oficiales admiten.

El tejido criminal se consolidó silenciosamente entre la tolerancia y el abandono institucional, hasta que en los últimos años el problema explotó ante la mirada pública nacional e internacional.

Hoy, como hemos denunciado, los criminales han visto caer la producción de heroína y fentanilo, por lo que han diversificado su negocio: despojo de tierras, control de caudales de agua, acaparamiento de ganado, cobro de piso a todos los sectores y presión a los ayuntamientos para contratar a sus constructoras y consumir sus servicios.

Un crimen en Uruapan, protestas sociales en ascenso, crispación política entre los cínicos de la oposición y los tontos útiles del oficialismo, incapaces de tapar un hoyo sin abrir otro en algún estado gobernado por Morena.

Y, por si fuera poco, el gobierno de Estados Unidos se apresta a intervenir —perdón, a “brindar ayuda”—. Lo mejor de todo esto es lo peor que está por venir, porque, tal como destacó Milenio en su primera plana, cuentan con la venia del responsable de la política de seguridad del gobierno federal, Omar García Harfuch, el “súper héroe” al que parece abollársele la capa y la narrativa con la muerte de Manzo.

Lo que ocurre en Michoacán, como hemos señalado reiteradamente, es que amplias regiones viven bajo “estados paralelos”. La pulverización de los grupos delictivos y la protección —por acción u omisión— de las autoridades locales es más que evidente, permitiendo que las bandas criminales escalen su capacidad bélica con armas modernas, drones, minas y personal especializado en tácticas militares, paramilitares, guerrilleras e inteligencia.

Hacia 2017, quienes lo han olvidado deberían recordar el caso del teniente retirado del Ejército de Colombia, Edgardo Hernández, conocido como K6, señalado por informes de inteligencia como responsable del recrudecimiento de la violencia en Michoacán. El militar colombiano trabajó para los cárteles de los Valencia —hoy CJNG— y Los Zetas, reclutando y entrenando nuevos gatilleros tras su experiencia con los cárteles de Cali y Medellín.

En fechas recientes, 61 mercenarios extranjeros habrían sido detenidos en lo que va del año, y 112 paramilitares al servicio de los cárteles asentados en Michoacán han sido abatidos. Como ocurre en muchas partes del mundo, los procesos de pacificación y los despidos en fuerzas armadas han generado un mercado de exmilitares, exmarines, exguerrilleros y exparamilitares que son reclutados por los cárteles mexicanos en sus guerras territoriales.

“El acontecimiento de violencia no modifica la tendencia a la baja en homicidios”, repite el oficialismo. Pero se equivocan: no se trata de cantidad, sino de calidad. Crímenes como el de Carlos Manzo son cada vez de alto impacto político: tiros de precisión, no masacres. No buscan alterar estadísticas, sino justificar la narrativa de que la incapacidad del Estado mexicano requiere ayuda externa para resolverse.

Pero no lo ven, no reaccionan, no entienden la dimensión de la crisis y en lugar de unificarse en un gabinete de crisis de Estado, más bien son operadores para contener la crisis electoral del partido en el gobierno y sus malos desempeños.

Y si no lo creen, ahí están los hechos: los escándalos de narcopolítica afectan directamente a gobiernos estatales y municipales de Morena en Morelos, Baja California, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas y Estado de México. ¿Por qué la historia del huachicol fiscal sigue abierta? ¿Por qué asoma la presencia de agentes de inteligencia estadounidenses detrás del seguimiento a políticos morenistas? ¿Ya entendieron que no todo se trata de ganar elecciones?

Contacto: [email protected]