Guanajuato, Gto. La diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza Orozco, sostuvo que es necesario tipificar en el Código Penal de Guanajuato el delito de cohabitación forzada, con el objetivo de contribuir a la erradicación del matrimonio infantil en la entidad.
La legisladora detalló que este delito, ya existe a nivel nacional desde hace aproximadamente tres o cuatro años y fue creado como una herramienta para combatir prácticas que aunque están prohibidas en el ámbito civil desde 2019, continúan ocurriendo en la práctica sin consecuencias penales.
“Es una ley imperfecta, no es una ley que está prohibida a nivel legal, pero que no tiene consecuencias para quien en la práctica lo sigue haciendo y las estadísticas nos indican que en todo el país y también en Guanajuato pasa”.
De acuerdo con datos documentados en la iniciativa, alrededor de 18 mil niñas y adolescentes menores de edad en Guanajuato se encuentran actualmente en esta situación.

La diputada subrayó que este tipo de uniones no requieren un acta de matrimonio para concretarse y que los registros del INEGI evidencian que siguen ocurriendo.
Añadió que estas prácticas romantizan situaciones de violencia, perpetúan estereotipos de género y derivan en graves consecuencias, principalmente para las niñas, como la violencia sexual y psicológica.
“Vimos el caso de una niña en Chiapas que resultó con un embarazo, una niña de 10 años que resultó con un embarazo y con muchos años y es un embarazo producto de una relación de matrimonio con una persona mayor de edad”.
La legisladora lamentó que el Partido Acción Nacional (PAN) rechazara invitar a la Fundación Eufrosina Cruz a las mesas de trabajo, pese a que esta organización ha sido clave a nivel nacional en la defensa de los derechos de niñas y mujeres, particularmente en comunidades indígenas.
Consideró que la participación de la organización habría enriquecido el análisis de la iniciativa, aportando experiencia y resolviendo dudas sobre la aplicación del delito en otros estados.
Finalmente, aunque señaló que la fundación enviará sus comentarios por escrito, la diputada afirmó que perder la oportunidad de escuchar a la sociedad civil de viva voz limita el diálogo y el fortalecimiento del proceso legislativo, reiterando su compromiso de dar voz a dichas aportaciones durante la discusión de la iniciativa
