Guanajuato, Gto. Los dueños del complejo inmobiliario denominado La Cucursola, ubicada en la sierra de Santa Rosa en Guanajuato capital, fueron vinculados a proceso por parte del juez federal, Efraín Frausto Pérez, al determinar que sí hubo daños al ambiente.
La audiencia se realizó en las instalaciones de Poder Judicial de la Federación, donde el juez señaló que sí hubo afectaciones al ecosistema, porque la zona es considerada como Área de Protección Forestal. En donde se desarrolló el complejo inmobiliario, se informó que existe un 10 por ciento de la especie conocida como Pingüica y un 70 por ciento de Encino.
El juez, explicó que hay una afectación permanente a la biodiversidad, pues el concreto y/o asfalto colocado en vialidades, impide la filtración de agua que genera el crecimiento de las especies endémicas de manera espontánea, modificando la gestación de vegetación.
También se colocaron instalaciones eléctricas e hídricas para los servicios básicos, incluso se corroboró que hubo tala de árboles con maquinaria. Estos hechos se confirmaron en el cateo en junio de 2025 por la autoridad federal, donde se ve afectada toda el área de seis mil 800 metros cuadrados.
Al ser vinculados a proceso, tanto los imputados como la Fiscalía, tendrán un mes para ampliar la investigación de cada parte y poder determinar la resolución. También se aclaró que no habría como tal una sentencia, sino un proceso de reposición.
El imputado declaró abiertamente ante el juez sobre los hechos, e hizo una relatoría de la historia del espacio, la compra venta que hizo en su momento al dueño original Eulogio Francisco Rodríguez Murillo y las fechas en que se realizó cada proceso.
“Hoy estoy aquí porque hemos sido sujetos de calumnia y falta de respeto a la empresa, por eso tomé la decisión de hablar y externar la historia de La Cucursola, porque se habla de una serie de tonterías y la verdad, yo no tengo cola que me pisen”, expresó el imputado.
El presidente de Acción Colectiva, Francisco Javier Sentíes, expresó que este hecho es histórico, porque se vio en favor de una comunidad, pero sobre todo el medio ambiente, de un ecosistema y de la biodiversidad.
Destacó el trabajo del juez para contar con todos los elementos para la vinculación a proceso e incluso que destacara el trabajo con perspectiva de género.
El juez aclaró que ni la autoridad estatal y municipal, tienen la facultad para emitir un impacto ambiental, por lo que los documentos presentados no tenían efectos, pues la autorización debió ser por parte de la Semarnat.
También señaló que hubo un cambio de uso de suelo, al haber afectado la superficie en donde se colocó el asfalto y/o concreto. Además de que hubo remoción de especies vegetales, es decir, que hubo una deforestación.
El daño a la biodiversidad es peramente y no prescribe, pues al perjudicar la gestación de especies, constantemente hay un daño.
Aunque la Fiscalía solicitó el embargo de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias, el juez determinó que no era necesario, porque el inmueble está incautado y clausurado. Solo puso como medida cautelar que los imputados, junto con su defensa, no podrían acercarse a testigos, jueces o fiscales.
