Guanajuato, Gto. Legalmente, la Auditoría Superior del Estado está impedida para realizar una investigación en torno a los convenios firmados entre la empresa Seguritech y el ex gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, advirtió el propio titular de la ASEG, Juan Víctor Fonseca López.
Cuestionado sobre si la ASEG podría ejecutar una investigación en torno al tema, luego de que la Secretaría de la Honestidad determinó archivar las denuncias presentadas por los presuntos nexos entre el ex gobernador Rodríguez Vallejo y la empresa Seguritech, Fonseca López comentó que debido a los impedimentos legales en materia de investigación de presuntos actos de corrupción, una vez que la Secretaría de la Honestidad archivó el caso, la Auditoría Superior no puede hacer una revisión al mismo tema.
“Al ser tomada está también denuncia por la Secretaría de la Honestidad, nosotros digamos que dejamos de realizar la investigación por un principio legal de primera, digamos resuelve la Honestidad y no podemos nosotros iniciar un proceso alterno”.
También se le cuestionó al auditor, sobre el estado de las auditorías por irregularidades en el anterior sexenio, que fueron aceptadas en el pasado mes de diciembre, la primera por la entrega de 8 mil metros a la empresa Mazda y la segunda, por la entrega de 184 millones de pesos a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) Bajío.
El auditor comentó que ya se solicitó información al Gobierno del Estado en cuanto a estos acuerdos, y de momento están en el tiempo legal permitido, para que el Ejecutivo Estatal dé una respuesta.
“La norma nos obliga a pedir informes en relación a la denuncia de situación excepcional, lo que se establece en la denuncia, nosotros solicitamos informes que versan específicamente sobre lo plasmado en la denuncia y tenemos que solicitar al sujeto, al equivalente, sobre el que recae la denuncia”.
El auditor superior mencionó que ninguna auditoría puede superar el periodo legal de seis meses, para poder culminar con la revisión de las presuntas anomalías contra el recurso público.
