Guanajuato, Gto. Marco Ávalos Santoyo, representante de transportistas urbanos, señaló que existen inconsistencias entre el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) y la declaratoria de necesidades publicada por la subsecretaría correspondiente, situación que motivó la inconformidad legal presentada por el gremio.
Explicó que, mientras el PIMUS contempla 53 rutas y un promedio de 156 unidades, la declaratoria establece 99 rutas y 212 unidades, además de otras diferencias que, aseguró, no han sido debidamente aclaradas por la autoridad municipal. Indicó que, debido a la falta de entrega de informes por parte del municipio, la audiencia relacionada con el proceso legal fue diferida.
Ávalos Santoyo afirmó que los transportistas han manifestado disposición al diálogo y a la negociación, incluso al posible desistimiento de los recursos legales interpuestos desde 2024, siempre y cuando exista apertura y se atiendan sus observaciones. Sin embargo, lamentó que desde la administración pasada, encabezada por Alejandro Navarro, el canal de comunicación con el sector ha sido prácticamente nulo.
Señaló que la convocatoria para el concesionamiento del transporte urbano presenta bases excesivas y requisitos que calificó como incongruentes, entre ellos la exigencia de certificaciones ISO, las cuales dijo no pueden obtenerse sin contar previamente con autorizaciones municipales de operación, lo que genera un círculo administrativo imposible de cumplir.
Asimismo, cuestionó los requisitos financieros, como el capital contable solicitado, al considerar que los montos carecen de justificación técnica y resultan desproporcionados, tanto para empresas interesadas en operar pocas unidades como para aquellas que buscan una cobertura mayor.
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Indicó que también se solicitó documentación fiscal y financiera, la cual deberá ser revisada cuidadosamente para verificar su veracidad y evitar que se justifiquen capacidades que, en los hechos, no existan. En este proceso participan tres personas morales y entre seis y siete personas físicas, precisó.
Finalmente, Marco Ávalos reiteró que el transporte público atraviesa por un rezago significativo, derivado de la falta de inversiones y de acuerdos claros, lo que ha provocado un deterioro progresivo del servicio. Subrayó que el sector mantiene la disposición de dialogar con el gobierno municipal para construir soluciones conjuntas, advirtiendo que los procesos legales pueden prolongarse por años sin resolver de fondo la problemática de movilidad en el municipio.
