Lo que se publicó ayer, lunes 16 de febrero de 2026, sobre el plan integral de estímulos fiscales a la industria cinematográfica fue, digámsoslo con delicadeza, un crossfade tan lento que la pantalla quedó en negro el tiempo suficiente para que pensáramos que otra vez se había ido la luz. Hasta que, milagrosamente, apareció una tímida zona iluminada. Muchos cruzamos los dedos esperando que esta vez sí sea el principio del fin de los churros cinematográficos y las películas “para palomear”, y que por fin lleguen producciones de calidad capaces de resucitar a ese cine que lleva años en coma inducido. Pero bueno, la esperanza es gratis; producir cine en México, no.
El anuncio ya es casi pieza para crear historia. Llevamos tres décadas escuchando que ahora sí viene la resurrección del cine mexicano —ahora sí, de verdad, palabra de sexenio en sexenio y titular de Hacienda en titular de Hacienda negándose a darle alguna concesión al productor nacional— mientras la realidad insiste en exhibirnos a un muerto viviente. De vez en cuando da un respingo, un premio internacional, una nominación que nos hace sentir que respira. Pero lo más constante ha sido la fuga de talento rumbo a Hollywood o alguna casa productora europea, donde, curiosamente, sí les dan presupuesto, distribución global y trato de artista, no de sobreviviente.
La crisis del cine mexicano es histórica, reiterativa y con vocación dramática. Cada sexenio, desde la creación misma del otrora Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, nos prometen reformas legales y hacendarias que ahora sí cambiarán el panorama. En la práctica, muchas de esas reformas han funcionado como aspirinas para un paciente en terapia intensiva: un pesito de taquilla, una exención mínima, un nuevo fondo… alivian el síntoma por un tiempo, pero el diagnóstico sigue intacto. Invertir en cine en México continúa siendo deporte extremo; los productores no saben si saldrán a la alfombra roja o terminarán en la sala de espera de un hospital público y presupuestalmente desahuciado.
Cada vez que se habla de la “resurrección”, desfilan los ejemplos de directores, actores y técnicos mexicanos triunfando en el exterior. Y sí, son mexicanos, y sí, brillan. Pero conviene no confundir orgullo de paisanaje con política pública nacional (porque gobernantes no pueden colgarse medallas de lo que no apoyan): esas películas no son mexicanas en términos industriales ni fiscales. Se producen allá, se financian allá y las ganancias —oh sorpresa— también se quedan allá.
El cine nacional lleva décadas exigiendo una política de Estado. No para que el vuelva a jugar como el echeverrismo, sin matices, el papel de promotor, productor y exhibidor omnipresente como en otras épocas —cuando terminó degradando calidad y convirtiendo la cartelera en una fichera taquillera y efímera— sino para que diseñe reglas claras, incentivos inteligentes y condiciones competitivas. No es nostalgia; es estrategia de Estado.
Hay mucho por hacer, porque la industria tuvo dos fuertes estocados: primero, el TLCAN, que abrió de par en par las salas a las producciones estadounidenses justo cuando el llamado “nuevo cine mexicano” comenzaba a reconciliarse con el público. El Estado se retiró elegantemente y dejó el campo a exhibidores y televisoras, que, casualmente, fueron los grandes ganadores. Y segundo, el efecto post-Covid 19 que redujo la asistencia hasta de más del 30 por ciento por debajo de niveles pre-pandemia; caída en taquilla, distribución frágil y reducción de salas de exhibición, además del incremento de plataformas de streaming, las cuales crecieron más del 35 por ciento en dos años, han sido factores que ahondan el malestar en la industria.
Lo peor es que entre 60 y 70 por ciento del cine mexicano no llega a la mayoría de los mexicanos y apenas un 4 por ciento logra exhibirse en salas comerciales. Pero tranquilos, el mercado se regula solo… decían y siguen diciendo los tecnócratas que gozan de cabal salud.
A pesar de todo, el cine nacional se sigue produciendo. Se filma, se edita, se sueña. Lo que casi no se hace es exhibirse en condiciones dignas en cines convencionales, obligando a la industria a buscar rutas alternas para alcanzar público y recuperar lo invertido. Creatividad sobra; pantallas, no tantas y, cuando menos hasta el domingo, la voluntad política de cada sexenio era nula.
Hoy estamos ante un sexenio que podría marcar un nuevo paradigma fiscal y de política pública para la industria no sólo del cine, sino toda la producción cultural en México, porque esta demostración tiene que hacerse amplia, integral y trascendental para que no fallezca rápidamente.
IMCINE, FIDICINE, FOPROCINE y FOCINE podrían quedar como capítulos de una etapa que aspire a transformarse en un Instituto Nacional del Audiovisual Mexicano, como existe en países que entendieron que su cine no es adorno cultural, sino herramienta estratégica para la defensa de su identidad cultural, sus idiomas, su soberanía: India, España, Brasil, Argentina, Colombia o Canadá, entre otros países son ejemplos para que participen los sectores privados (productores y capitales); públicos (los tres niveles de gobierno); y sobre todo, sociales: trabajadores independientes, sindicatos y trabajadores de la cultura, las artes y el entretenimiento.
Se habla de un 30 por ciento de descuento de ISR para producción audiovisual, del compromiso de que 70 por ciento del talento en cada proyecto sea mexicano y de un tope de 40 millones de pesos por producción, con promesas de mayor equidad y transparencia. Suena bien. Falta equilibrar la ecuación básica: el exhibidor se lleva 60 por ciento de las ganancias, el distribuidor 22 por ciento y al productor, si la suerte lo acompaña, le queda 18 por ciento. Es decir, el que arriesga suele ser el que menos gana. Un detalle menor, seguramente.
Bienvenida la atención al cine mexicano, que llevaba años esperando algo más que discursos con música épica de fondo. Es un paso que debe analizarse con lupa y, sobre todo, implementarse sin letra chiquita y con fecha de caducidad. Porque la industria cinematográfica sigue compitiendo en condiciones desventajosas frente a países con los que México tiene acuerdos comerciales y “libre” flujo de productos culturales; libre, claro, salvo porque ellos sí protegen, impulsan y financian estratégicamente a sus propias industrias culturales.
Que esta conciencia —la de que el cine es baluarte de nuestra identidad cultural soberana— no se quede en boletín de prensa. Que se extienda a radios, televisiones culturales y demás creadores que por el momento siguen sufriendo la corta visión de los tecnócratas de la Hacienda pública. Y, sobre todo, que el apoyo no llegue cuando ya sólo quede hacer producciones póstumas audiovisuales de lo que fue la cultura mexicana.
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