Control y Confianza no garantiza en su totalidad, que no haya nexos con grupos delictivos

Guanajuato, Gto. El secretario de Seguridad y Paz del estado, Mauro González Martínez, manifestó que una prueba de control y confianza por sí misma, no puede evitar riesgos de que los elementos estatales, tengan algún nexo con grupos delictivos.

Durante la glosa del Informe de gobierno de Libia García Muñoz Ledo en el Congreso del estado, correspondiente al eje de seguridad, uno de los temas más cuestionados fue la eficiencia de los exámenes de control y confianza.

Esto después de que la semana pasada en la capital, se llevó a cabo la detención de Karen Abigail, agente de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), por filtrar información a un grupo delictivo dedicado al robo de autotransporte.

Al respecto, Mauro González manifestó que no basta con dar de baja a los agentes que incurran en actos delictivos, pues “hay que meterlos a la cárcel”, para enviar un mensaje a la población de cero tolerancia, como ocurrió en este caso.

“No solamente se trata de aplicar sanciones que tiene que ver con un tema interno e institucional, son las sanciones de los delitos que se le tendrán que comprobar ante el Ministerio Público y ante el Juez, porque no solamente se trata de dar de baja a los delincuentes disfrazados, hay que meteros a la carcel”.

Mauro González comentó que actualmente todos los agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, han sido evaluados en materia de control y confianza.

Sin embargo, el funcionario estatal reconoció que estas pruebas no garantizan que los elementos policiales no tengan vínculos con grupos delictivos o incurran en conductas criminales.

“Ninguna herramienta, ninguna tecnología nos va a decir quién está haciendo bien o quién está haciendo mal las cosas, existen mecanismos  y muchísimos reglamentos, aquí la parte toral es estar al pendiente”.

Aunque no brindó mayores detalles, Juan Mauro González indicó que esta no es la primera ocasión en que se procesa penalmente a un agente estatal por incurrir en actos delictivos.