Guanajuato, Gto. La presidenta de Guanajuato capital, Samantha Smith Gutiérrez, advirtió que no habrá negociaciones con los empresarios del Transporte Público, que interpusieron el amparo en un tribunal, en contra del proceso de emisión de nuevas concesiones.
En entrevista, explicó que algunos transportistas inconformes le solicitaron una reunión, la cual no se ha llevado a cabo, aunque no dio a conocer la identidad de quienes buscaron el acercamiento.
Reiteró que el proceso legal continúa en su curso, por lo que a la administración siga el cauce y confió en que se resuelva lo antes posible, con las soluciones a favor del Ayuntamiento.
“El proceso de entrega de concesiones llegó a situaciones jurídicas por que se mete un recurso legal por parte de uno de los supuestamente concesionarios que no cumple con los requisitos de la convocatoria, es lo que nos está deteniendo”, recordó.

La alcaldesa de la capital del estado reiteró que algunos transportistas acostumbran a realizar argucias legales para incumplir con sus responsabilidades, actos que únicamente retrasan los proceso para mejorar el servicio.
También recalcó que los problemas legales han afectado a los empresarios que cumplieron en tiempo y forma los requisitos para la convocatoria, quienes están listos para ofrecer el servicio que necesitan los usuarios.
“Ya nos han buscado para tener una reunión, pero quiero ser muy clara y muy enfática que no tengo nada que negociar con alguien que tiene años usando la ley a su contentillo, pasándosela por el arco el triunfo, en detrimento de los ciudadanos, esto se va a reglar en los tribunales o en el tema legal, pero estamos convencidos que nosotros tenemos la razón”, advirtió.
Smith Gutiérrez, finalmente confió en que las autoridades correspondientes emitirán el fallo a favor de la administración municipal y en beneficio de los usuarios del transporte público.
TRANSPORTISTAS SIMPLEMENTE NO QUIEREN COOPERAR, SOSTIENE REGIDOR
Legalmente la autoridad capitalina, está imposibilitada para avanzar en el análisis de las solicitudes relacionadas con la convocatoria de transporte público, debido a una suspensión del proceso de renovación de concesiones por el amparo interpuesto.
El regidor, presidente de la comisión Mixta Tarifaria, José Carlos López Velarde, explicó que, jurídicamente, no pueden proceder mientras esté vigente el amparo promovido por transportistas.
“Formalmente no podemos avanzar en nada. Hay una suspensión definitiva y debemos acatarla”, precisó.
El edil lamentó que esta situación afecte directamente a la ciudadanía, al considerar que los principales perjudicados son los usuarios del transporte público, así como peatones y automovilistas que enfrentan las consecuencias de unidades antiguas, emisiones contaminantes y un servicio que no alcanza la eficiencia prevista.

Indicó que la convocatoria contemplaba nuevas rutas y mejores condiciones en el servicio, lo que permitiría avanzar hacia un sistema de transporte más moderno. Sin embargo, el proceso permanece detenido por la acción legal emprendida por concesionarios.
Respecto a las declaraciones de la alcaldesa Samantha Smith, quien afirmó que ya no hay margen para negociar con los transportistas, el regidor respaldó su postura y señaló que más que negociaciones, anteriormente se establecían acuerdos vinculados principalmente al tema tarifario.
Explicó que el objetivo actual es que participen en el proceso únicamente aquellos concesionarios que estén dispuestos a cumplir con las condiciones de modernización establecidas en la convocatoria.
“Hay una convocatoria aprobada. Quienes la están atorando no somos nosotros, son los transportistas y seguramente es parte de su estrategia”, expresó.
No obstante, aclaró que la suspensión judicial únicamente frena la convocatoria, pero no detiene las atribuciones de la Dirección de Movilidad, que puede continuar con revisiones mecánicas, supervisión de rutas y verificación del cumplimiento de los permisos mensuales.
En ese sentido, adelantó que se mantendrán mesas de diálogo con la Subsecretaría de Movilidad, para garantizar que quienes actualmente prestan el servicio lo hagan conforme al reglamento y ofrezcan un servicio eficiente, mientras paralelamente sigue su curso el proceso legal de defensa de la convocatoria.
