Guanajuato, Gto. Para garantizar la gratuidad en el transporte público para los sectores como adultos mayores, cuidadores y personas con discapacidad en todo el estado de Guanajuato, primero se debe sustentar cómo se cubrirían dichos recursos, que ya no pagaría el ciudadano, para no afectar el servicio que se ofrece en los 46 municipios.
Así lo expresó la presidenta de la comisión de Movilidad y Seguridad Vial, Sandra Pedroza Orozco, quien reconoció que, aunque el objetivo es atender a sectores prioritarios, la medida podría generar efectos adversos si no se atienden problemas estructurales del sistema de movilidad.
Dijo que actualmente el transporte público es operado principalmente por los Ayuntamientos, lo que complica la implementación de políticas como la gratuidad sin un esquema de financiamiento claro.
“Es necesario reconocer que para garantizar el derecho a la movilidad, a través de asegurar un acceso asequible al transporte público para este sector poblacional, realmente es un tema más complejo precisamente porque todo el peso recae ahorita en los Ayuntamientos”.
Además, algunas propuestas presentan duplicidad con normas ya existentes o requieren armonización legal. A esto se suma una limitante en la legislación actual, que impide modificar las iniciativas más allá de lo originalmente planteado, lo que dificulta su ajuste con base en los hallazgos de las mesas de trabajo.
Sandra Pedroza recordó la iniciativa presentada por su grupo parlamentario en materia de movilidad, y sostuvo que con ella se atenderían estas lagunas legales, para que exista la participación conjunta del estado y con los municipios en la prestación del servicio, así como la creación de un fondo para subsidiar descuentos y gratuidad a sectores prioritarios.
“Nosotros de hecho también tocamos cuestiones de gratuidad del servicio de transporte público y de descuentos a ciertos sectores poblacionales, principalmente pues a los que son de atención prioritaria, pero reconociendo pues las deficiencias en cómo se presta estructuralmente el transporte, que es solamente de los ayuntamientos”.
En este sentido, explicó que también se busca que cualquier incremento en las tarifas del transporte público esté debidamente justificado mediante análisis costo-beneficio y evaluado por comisiones mixtas tarifarias, evitando decisiones arbitrarias que afecten a la ciudadanía.
En la mesa de trabajo de la comisión también se analizó la propuesta de eliminar la expedición de licencias de conducir tipo A, para que pasen a ser licencias permanentes, como en la Ciudad de México.
Los participantes externaron que no es viable, ya que se estima que la iniciativa presenta riesgos relevantes y vaguedad sobre mecanismos de verificación obligatoria.
Incluso podría tener implicaciones no solamente de índole tributaria al dejarse de obtener ingresos por el pago por renovación, sino también causaría una falta de actualización de datos y, por ende, un impacto en la seguridad vial y pública al no mantener un control sistemático y renovación periódica.
Se informó que, en promedio, se registran 600 muertes de tránsito por año y la renovación de la licencia es un sistema de prevención para evitar y reducir la siniestralidad, debido a que el 30 por ciento de los guanajuatenses maneja automóvil.
