Guanajuato, Gto. Durante el 2025 y lo que va de este 2026, en la capital se han emitido 37 órdenes de protección: 33 durante el año pasado y seis en lo que va del presente año, todas gestionadas desde el ámbito municipal, señaló la directora del Instituto Municipal de Atención Integral a las Mujeres, Bárbara Díaz Robledo.
La funcioaria capitalina dijo el municipio brinda acompañamiento a mujeres que requieren interponer denuncias ante la Fiscalía y gestiona órdenes de protección para salvaguardar su integridad.
Agregó que, a casi año y medio de la implementación de la Alerta de Violencia de Género en el estado de Guanajuato, se desarrollan ocho acciones específicas derivadas de 14 recomendaciones emitidas en el marco de la declaratoria.
Entre las actividades permanentes destaca la difusión mensual del mensaje de “cero tolerancia” a la violencia contra las mujeres, así como la implementación de talleres y capacitaciones para la prevención, en los que se informa sobre los derechos de las mujeres y los distintos tipos y ámbitos de violencia.

Como parte del trabajo transversal, se impulsa también el fortalecimiento económico de las mujeres. En la capital se mantiene un convenio con el Instituto Estatal de Capacitación (IECA), además de recursos municipales destinados a programas de emprendimiento.
A las mujeres que solicitan apoyo, inicialmente se les aplica un estudio socioeconómico y, de ser necesario, se les brinda atención psicológica. En los casos donde se detecta vulnerabilidad económica, se canalizan a dependencias estatales y municipales, para gestionar apoyos que les permitan iniciar o fortalecer un proyecto productivo.
El objetivo es que las capacitaciones no se limiten a la formación teórica, sino que las beneficiarias cuenten con recursos para emprender y generar ingresos propios.
Dentro de las acciones implementadas, Bárbara Díaz resaltó el fortalecimiento del IMAIM, que pasó de ser dirección a instituto, ampliando su estructura operativa. Esto permitió incrementar el personal especializado en atención psicológica, trabajo social y asesoría jurídica para brindar acompañamiento integral e inmediato.
También se gestionaron recursos para la certificación de servidoras y servidores públicos como personal de primer contacto en atención a violencia de género, así como para fortalecer la Policía de Género.
Finalmente, se reconoció la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, que han sumado esfuerzos ofreciendo espacios para brindar atención psicológica cuando la capacidad institucional resulta insuficiente.
