Guanajuato, Gto. El Congreso local aprobó la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales y quien sea inscrito en esa lista, podría permanecer hasta 10 años, lo que limitará algunos de sus derechos.
Para su establecimiento se modificará el Código Penal del Estado, y se aclara que, la reparación del daño moral, no exime a las personas sentenciadas de ser inscritas en dicho registro.
Con su aprobación por parte de los diputados locales, se establece que cuando un juez lo ordene, se inscribirá en el padrón a la persona cuando tenga una sentencia firme por cualquiera de los siguientes delitos:
Feminicidio. Trata de personas menores de 18 años. Abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes. Acoso y hostigamiento sexual en agravio de menores. Afectación a la intimidad; captación y tráfico de menores. Corrupción de menores e incapaces; explotación sexual y lenocinio.
Sobre los tiempos de permanencia en el padrón, dependerá del tiempo de la pena, es decir, los años que dure en prisión, pero, se mantendrá un periodo adicional de 10 años a partir de que la persona sentenciada obtenga su libertad. Aplicará en los casos en que la pena sea sustituida o suspendida conforme a la ley.
El Registro Público de Personas Agresoras Sexuales deberá manejarlo la Fiscalía del estado de Guanajuato, la que lo administrará y pondrá en operación.
La diputada del PAN, Susana Bermúdez Cano, reconoció que durante el análisis a la iniciativa, hubo dudas sobre la propuesta, sobre todo si se trasgredían los derechos de las personas sentenciadas y si la pena era proporcional a la sentencia, lo que se aclaró, al establecer la fórmula que dicta los tiempos de duración.
Expresó que este registro hoy es una realidad, porque se vio que el impacto positivo y directo sería a las víctimas de delitos sexuales y sus familias.
“La violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes es una de las que más lesiona, y lesiona no solo el tejido social, sino que atenta de manera grave e irreparablemente la integridad de las personas”.
El diputado Sergio Contreras Guerrero recordó que no es nuevo hablar de un registro, pues existen otros como el Registro Estatal Único de Servidores Públicos y Particulares Sancionados en Guanajuato, que permite consultar inhabilitaciones y sanciones por faltas administrativas graves, cometidas por funcionarios estatales y municipales; así como un Registro de Deudores Alimentarios Morosos que contiene la información de las personas que incumplen con la pensión alimentaria.
El panista Rolando Alcántar Rojas expresó que esta propuesta es un eje rector de una política estatal para poner en el centro el interés superior de la niñez y el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
“La mayoría de los ministros de la Suprema Corte reconocieron que este tipo de registros persiguen un fin constitucionalmente válido y son un medio idóneo para combatir la violencia sexual”.
Por parte de Morena, aunque aprobaron la iniciativa en lo general, presentaron una reserva a la propuesta, para eliminar el carácter público del mismo para garantizar su solidez jurídica.
El diputado Abraham Ramos Sotomayor, dijo que no debía ser público el registro, pero sí abierto a consulta para las autoridades operadoras de la norma. Sin embargo, no se aprobó la propuesta.
“El compromiso es claro: sí al registro, pero sin poner en riesgo su constitucionalidad. Debemos construir herramientas eficaces, pero también sólidas desde el punto de vista jurídico”
