Guanajuato, Gto. 08 de marzo de 2013.- El Gobierno del Estado tuvo que pagar más de 100 millones de pesos durante el 2012, por los más de 300 amparos que presentaron particulares para no pagar el Derecho de Alumbrado Público (DAP).
El gobernador Miguel Márquez Márquez expuso que Guanajuato es la única entidad donde los municipios no se hacían responsables del pago del DAP, por lo que daba pie a que particulares presentaran amparos y así evitar el pago por el Derecho de Alumbrado Público.
El mandatario estatal señaló que el tema del diagnóstico del alumbrado público al que están obligados por ley cada uno de los 46 municipios, es responsabilidad únicamente de los alcaldes y el gobierno estatal no puede intervenir.
En este sentido, apuntó que se ha brindado el apoyo técnico, económico y moral a todos los municipios, pero aclaró que desde el gobierno del estado no se ha querido imponer a ciertas empresas a través del programa “Guanajuato Iluminado” para que las contraten y elaboren el diagnóstico o compren las luminarias ahorradoras.
“En este mecanismo de compensación la mayor parte de los municipios que no son superavitarios, que son deficitarios, el estado le entra al rescate económico. El diagnóstico lo tiene que hacer cada municipio con quien ellos deseen, es una decisión de municipio”, dijo.
Ante la polémica que se ha desatado con el programa de “Guanajuato Iluminado”, donde los alcaldes de extracción priísta se han negado a participar, el gobernador Márquez sostuvo que es decisión de los municipios el entrar al proyecto con el estado o hacerlo de manera independiente.
Dijo que se trata de evitar que se malinterprete la intervención que ha tenido el Gobierno Estatal en la realización de los diagnósticos, pues cada municipio tiene la libertad de hacerlo con la empresa que mejor le convenga.
Márquez agregó que se ha dado el apoyo desde el gobierno estatal a los 46 alcaldes, incluso se le ha apoyando a 40 municipios que son deficitarios.
“Casi 40 municipios son deficitarios, por eso es un tema en el que no podemos perder ya tiempo… les hemos dado todo el apoyo, entonces que no se confunda, la obligación es de ellos”, añadió.
Con las reformas a la Constitución local, los municipios tenían de plazo hasta el 1 de abril para hacerse cargo completamente del cobro del DAP, pero ante el retraso en los diagnósticos, el gobierno estatal gestionó una prorroga que vence hasta el 1 de septiembre.
