Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y del desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer.
Flora Tristán
Ahora se sabe que la Procuraduría de Justicia pagó poco más de cien mil pesos por tres talleres de capacitación en perspectiva y equidad de género que su personal recibió a fines del 2013, justo después de que la dependencia se vio envuelta en un escándalo por la atención que dio al caso de María de la Luz Salcedo, “Lucero”, al investigar su denuncia por la agresión sexual de que fue víctima en septiembre de ese año.
Lo malo es que todo parece indicar que fue dinero tirado a la basura.
Los Ciudadanos Hartos, con el abogado Roberto Saucedo Pimentel como principal activista por la transparencia, buscaron y encontraron vía una solicitud de acceso a la información que la Procuraduría contrató para dicha capacitación a la directora del Grupo Unido de Madres Solteras, Gumsac, Norma Nolasco.
Fueron tres los contratos suscritos entre el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría y Gumsac, representada por Norma Nolasco, el 7 de noviembre del 2013…tres días antes de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunciara que iba a atraer la queja iniciada tras la denuncia de Luz Salcedo por el tortuoso camino que se le hizo recorrer en el Ministerio Público, todo para llegar ante la jueza Paulina Medina con una acusación de lesiones y abusos erótico sexuales en contra de su agresor, Miguel Ángel Jasso, ahora en prisión preventiva.
Por cada uno de ellos, Nolasco recibió 36 mil 400 pesos.
Los talleres, denominados “Sensibilización y capacitación sobre la no violencia contra la mujer” constaron de cuatro módulos: “Sensibilización en la procuración de justicia con enfoque de género”, “¿Qué es perspectiva de género?”, “Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia” y “Lenguaje no sexista e incluyente, por la no discriminación”.
Fueron impartidos entre noviembre y diciembre, con una duración de 20 horas por cuatro días consecutivos, a 20 funcionarios de cada una de las subprocuradurías con sede en Guanajuato, León e Irapuato.
Uno de los puntos a satisfacer por parte de Gumsac (o de Nolasco) convenido en el contrato, era llevar capacitadores de la más alta calidad para cubrir los objetivos establecidos.
Corre la versión de que tales conferencistas nunca aparecieron, porque el taller ni siquiera llegó a su fin al no cubrir las expectativas.
Lo que sí salió bien fue la foto en la que posan sonrientes y saludándose el procurador Carlos Zamarripa y la propia Norma Nolasco.
Fotogénicos, pero ineficientes a todas luces para salvar al gobernador Miguel Márquez de la severa recomendación que cuatro meses después —en abril de este año— dio a conocer la CNDH, dirigida principalmente a personal de dos dependencias: la Secretaría de Salud y la Procuraduría de Justicia, por las omisiones y la revictimización de que hicieron objeto a María de la Luz Salcedo, “Lucero”, al infligirle violencia institucional.
El organismo exigió una disculpa pública a Lucero, misma que le fue dada por el Procurador Carlos Zamarripa y el secretario de Salud Ignacio Ortiz Aldana, mediante una convocatoria poco ortodoxa y prácticamente forzando a Luz a recibirla, cabe decir.
Para que no se nos olvide, porque parece que al gobierno del estado ya le está llegando el Alzheimer, en esa recomendación la CNDH pidió fomentar una cultura de absoluto respeto a los derechos humanos de la mujer entre todos los servidores públicos estatales y municipales, y aplicar un programa para garantizar la adecuada atención a las víctimas.
O sea, que algo se está haciendo mal. Lo dijo la CNDH, pues.
Han transcurrido casi dos meses, por cierto, desde que el gobernador aceptó en todos sus términos la recomendación, que incluye como cereza del pastel una indagatoria contra funcionarios de la Procuraduría por su desempeño en el caso, para que se finquen responsabilidades y sean sancionados.
De este seguimiento nadie en el gobierno ha dicho ni pío.
Total, ya tiraron cien mil pesos.
