Las agresiones a periodistas y medios en México crecieron en promedio en un 80 por ciento durante los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esta es una de las primeras, contundentes, frases que contiene el informe anual “Estado de censura” presentado por la organización Artículo 19, correspondiente al año 2014.

Frase demoledora.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, dice el informe, se registró una agresión (de cualquier tipo) cada 48 horas.

En los dos primeros años del sexenio de Peña Nieto, el actual, se ha registrado una agresión cada 26 horas contra comunicadores en el territorio nacional.

Casi a diario.

Sabemos bien cuáles son los estados en los que los comunicadores han sido particularmente perseguidos, amedrentados o directamente agredidos: el Distrito Federal ha desplazado a Veracruz en número, porque periodistas han sido llevados de por medio al efectuar la cobertura de las diversas protestas y manifestaciones realizadas desde el primero de diciembre del 2012, cuando Peña Nieto tomó protesta y le fue colocada la Banda presidencial, a la fecha.

Veracruz, no obstante, siguió siendo sangriento y feroz. Goyo Jiménez, modesto y dedicado fotoperiodista, fue secuestrado y decapitado.

Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca son los estados que junto con el DF y Veracruz, encabezan la lista de estados particularmente peligrosos.

Con Goyo, otros cuatro comunicadores fueron asesinados en el 2014, homicidios reconocidos e identificados por estar directamente vinculados a la labor periodística de las víctimas.

“Las agresiones a mujeres comunicadoras y documentadoras aumentaron de forma considerable”, dice el informe, que fue presentado este martes en el Distrito Federal.

Karla Janeth Silva Guerrero, reportera del periódico “El Heraldo” en Silao, lo sabe. Ha sido una de las víctimas de estas agresiones.

Karla estuvo ayer en la presentación del informe. Habló sobre el gusto que le ha tomado al periodismo, este oficio desventurado y pródigo en formación humana que ejerce desde hace menos de dos años.

Desde León, desde un salón de la Universidad Iberoamericana, sus colegas, los pocos o los muchos, los que entendemos que las luchas no duran un día y no se acaban tampoco porque alguien tire la toalla, que el riesgo permanece porque la situación nacional de riesgo permanece y porque la falta de garantías permanecen y porque la impunidad para los responsables de las agresiones, desapariciones y asesinatos de comunicadores permanece, lo reiteramos:

A Karla Janeth Silva y a Adriana Elizabeth Palacios no sólo las amenazaron, las intimidaron y las agredieron físicamente. Que esos delitos estén siendo señalados y revisados en un juzgado penal en Silao, no es suficiente.

Los autores materiales y los autores intelectuales —estos últimos, libres— amenazaron y violentaron su derecho a ejercer su labor periodística, afectaron su libertad de expresión y atentaron contra el derecho a la información de quienes son sus lectores, de aquéllos a quienes dan a conocer esta realidad de Silao, la de un mal gobierno a cuyos funcionarios no les gusta que los critiquen.

La Fiscalía Especializada en delitos cometidos contra periodistas y Libertad de expresión evade investigar el caso. Y no, no debe.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe atraer y desahogar a cabalidad la calificación de las violaciones a los derechos de ambas y asegurar una reparación ante estas violaciones.

Porque para Karla y Adriana no hay justicia todavía.