El derecho a difundir información e ideas es la expresión más concreta, tangible y trascendente de la Libertad de Expresión. Es el derecho de decirle a otros lo que uno piensa o conoce, de manera privada o usando los medios.
Así, la Libertad de Expresión tiene un propósito más grande. Le permite a toda persona acceder a un espectro de información y puntos de vista tan diverso como sea posible. Éste es el Derecho a la información en su sentido más amplio.
Sin embargo, ahora que entramos de lleno, una vez más, a los tiempos electorales, ciudadanas y ciudadanos vemos con pasmo, escepticismo y hartazgo la exhibición de una “oferta” política variopinta pero con una característica común:
Los partidos políticos tienen una muy mala fama, pero bien ganada, de apostarle más a la opacidad que a la publicidad en aspectos tan básicos como los salarios de la estructura directiva, los padrones de militantes, y yéndonos a los procesos, en dar a conocer los criterios para la selección de candidatos (ahora la moda son las encuestas y la tradición confirma el dedazo); la lista de donadores privados, de gastos y del perfil completo, enterito, de quienes se convierten en sus candidatos y, posteriormente, en los representantes populares por los que votamos.
Actualmente, se encuentra atorada en el Congreso federal una nueva Ley general de transparencia. Organizaciones civiles han denunciado los despropósitos de algunos grupos legislativos y representantes del Ejecutivo de incidir en un retroceso en esta materia, en perjuicio de una población informada y en beneficio del oscurantismo al que nos quieren seguir sometiendo desde algunos ámbitos del poder público.
Los periodistas apostaríamos porque, en lugar de que gobernantes y legisladores se esfuercen en regular la red u otros espacios de comunicación o información, se ocupen de elevar el nivel del debate y el ejercicio ético de la propia política.
Seguramente eso les ahorraría muchos dolores de cabeza… y muchos videos en internet.
En realidad, más que avanzar en la regulación de la información, hace falta avanzar en la publicidad ágil, práctica y cada vez mayor de la información; eliminar cualquier posibilidad de que el argumento de la seguridad nacional, o estatal, o municipal, se convierta en un pretexto de uso discrecional para que cualquier cosa que no se quiera a ojos vistas se esconda en el archivo de una oficina de gobierno con ese pretexto.
Siempre resultará harto incongruente que siendo los partidos políticos, en su esencia,promoventes de la participación social y ciudadana por y para la democracia, nuestro sistema actual no los coloque a la cabeza de los sujetos obligados y con las menores restricciones de acceso posibles, sino que sigamos, ciudadanas, ciudadanos y periodistas, restringidos en nuestro derecho de saber a ciencia cierta y por ellos mismos, de forma directa y sin candados, cómo y en qué se gastan cada peso público, quiénes son cada uno de sus militantes, cuáles son los patrimonios de los candidatos por los que pretenden que votemos, cuál su precisa historia de vida y qué tipo de apoyos privados o empresariales recibe.
Por el contrario, muy lejano se ve el día en que, entre muchos otros avances, los poderes públicos se dispongan a eliminar, de una buena vez, la discrecionalidad en la asignación de la publicidad a los medios de comunicación, y cambiarla por reglas claras y cancha pareja.
Lejano para que, si bien la publicidad tiene una regulación para las campañas a través de los organismos electorales tanto para partidos y candidatos como para autoridades (fundamentalmente para medios electrónicos, radio y televisión), esta regulación no acaba tampoco de ser plenamente eficiente para impedir esa discrecionalidad, porque partidos, candidatos y autoridades se las siguen ingeniando para premiar o castigar a medios y periodistas por esta vía.
Lejano para que la fiscalización social a través de los mecanismos de transparencia puedan ser simultáneos a los reportes de gastos de campañas, y no a posteriori, una vez que se entregan, se aprueban y se publican los informes, se impugnan y se llevan a los tribunales, lo que puede llevar meses y años, como ocurrió con el escandaloso ejemplo Monex-Soriana de la elección presidencial del 2012.
Lejano para que los mecanismos de sanción para quienes ocultan o falsean información sean reales, efectivas.
Lejano para que el instrumento del acceso a la información signifique el cambio, haga la diferencia real, de veras, cuando se documente la ostentosa adquisición de una residencia presidencial a proveedores favorecidos por el gobierno con información pública y oficial… para que ésta no quede, otra vez, en una historia más del imaginario colectivo.
