Escuchar voz de organizaciones civiles y empresariales, es escuchar al pueblo

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Guanajuato, Gto. 25 de abril de 2016.– Las organizaciones civiles y empresariales con representación legal, deberían de ser escuchadas con el fin de que la justicia sea impartida para todos, con el fin de que la federación no ahogue a los Estados con legislaciones centralistas, pues después vendrán reclamos futuros.

Miguel Valadez titular del Poder Judicial (Foto: Archivo)
Miguel Valadez titular del Poder Judicial (Foto: Archivo)

Así lo consideró Miguel Valadez Reyes presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial, quien agregó que con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la exclusividad de legislar por parte del Congreso de la Unión las leyes en materias de impartición de justicia, limitarán y acotarán las iniciativas estatales.

Como ejemplo, se tiene los casos del Código de Procedimientos Penales, Ley Nacional de Ejecución, Ley Nacional de Medios Alternos, Código Nacional Penal que son leyes centrales y nacionales, por lo que señaló que las organizaciones civiles y empresariales podrían levantar la voz.

“Podría venir un reclamo de la ciudadanía, porque no entiende y no tiene porqué entender, si los delitos que lo afectan son de índole federal, estatal o municipal, la ciudadanía lo que quiere es seguridad, certeza, un buen proceso y por eso se necesita de que entiendan que estamos limitados, por ello se requieren modificaciones legales”, manifestó.

Ante la llegada del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que entrará en junio en el Estado y en todo el país, señaló el presidente del STJE que se reunirá en próximos días con tres actores importantes para atender el tema.

Entre ellos está el Poder Ejecutivo a través de la Coordinación Jurídica como de la Procuraduría, y de parte del Legislativo serán ellos los que hagan los ajustes en las leyes y el Poder Judicial que le toca revisar la legislación penal.

Finalmente, señaló que entre las acciones que realiza el Poder Judicial, se tiene la tarea de revisar las tipificaciones delictivas y ver qué delitos pueden cambiar su forma de persecución, para que ya no sea tan sencillo establecer un perdón o que si no hay querella no se pueda perseguir.