Filtración de información afecta procedimiento que realiza contraloría a 3 funcionarios

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Guanajuato, Gto 16 de agosto de 2016. El presidente de la Comisión de Contraloría del Ayuntamiento Ramón Izaguirre Ojeda, afirmó que las filtraciones de información en los medios de comunicación, sobre la auditoría realizada al extinto Instituto de la Mujer de Guanajuato, afectan al procedimiento.

Ramón Izaguirre Ojeda, síndico del Ayuntamiento capitalino (Foto: Vivian Della Rocca)
Ramón Izaguirre Ojeda, síndico del Ayuntamiento capitalino (Foto: Vivian Della Rocca)

Dijo que las faltas que ha cometido el contralor Juan Manuel Valdés Fonseca en el caso, violenta no solo el proceso administrativo sino los derechos de los presuntos responsables.

“Es aún más grave, que la propia filtración de datos, haya salido del mismo contralor, quien es la autoridad que ha realizado la investigación y quien llevará el procedimiento posterior”, subrayó el síndico.

Indicó que la Comisión de Contraloría, podrá evaluar al contralor Valdés Fonseca como titular de la dependencia y su mal actuar.

De igual forma Izaguirre Ojeda señaló que el contralor actuó de forma irregular, desde el momento en que entregó los documentos de la investigación como públicos, y 10 días después emitiera otro oficio donde pidió que la información fuera reservada.

“El desconocimiento del contralor sobre la protección de datos es grave, pues es una violación a los derechos de las personas involucradas, además de que manda a un juicio sin los elementos necesarios”, recalcó.

Hay que desde hace cuatro años se realiza una investigación al extinto Instituto de la Mujer de Guanajuato, por presunta malversación de recursos, cuando la actual regidora Iovana Rocha Cano era su directora.

Ahora en información obtenida por un medio de comunicación impreso, también se menciona a los ex funcionarios Carlos Morán (tesorero en la pasada administración) y a Alba Carolina Ramírez Jasso, ex directora de Atención a la Mujer, donde presuntamente lo que se está cobrando, asciende a  288 mil 341 pesos.

Rocha Cano y Ramírez Jasso han señalado en declaraciones, que el actuar del contralor ha sido totalmente ilegal, haciendo que el caso se vuelva político  y no de justicia y transparencia.