Prevén con ley, protección a morosos

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Guanajuato, Gto. 14 de noviembre de 2016.- Quienes deban dinero a tiendas de servicios y departamentales e instituciones crediticias, podrían ser amparados con una iniciativa de ley que presentaron diputados locales panistas. La iniciativa de reforma al código penal, podría castigar a cobradores hasta por tres años o 370 salarios mínimos de multa.

Los morosos o deudores, amparados (Foto: Archivo)
Los morosos o deudores, amparados (Foto: Archivo)

Según el diputado blanquiazul Alejandro Flores Razo lo que se pretende evitar es el hostigamiento del que son víctimas deudores morosos, pues en ocasiones les llaman vía telefónica a cualquier hora de la noche para reclamar pagos o bien, mandan personas a amedrentar a quienes deben dinero para que les pague la deuda.

Y dijo que tienen una incidencia de alrededor de un 20 por ciento de instituciones que  no  hacen sus reclamos a través de despachos de cobranza bien constituidas y por medio de esa iniciativa, modificar los artículos que hacen referencia a este punto, pues se busca que los pagos se hagan por la vía legal y buscar el pago de deudores por instituciones bien constituidas y de manera correcta.

Además, se tendrá que revisar a esos despachos para verificar que no tengan sellos o documentación falsos y que cuenten con el título para realizar este tipo de actividades en el territorio, pues a nivel  nacional y algunos Estados tienen legislación sobre el tema, pero en la entidad no existe por lo que se pretende que exista este tipo de certeza legal aquí.

“Lo que apunta la propuesta panista es que se imponga una pena de seis meses a tres años de prisión y de 180 a 370 días de salario mínimo  multa, a la persona que por cualquier medio, requiera a nombre propio o en nombre y representación de instituciones bancarias, tiendas departamentales, institución crediticia o cualquier otra persona física o moral, el pago de una deuda propia o de alguien más”.

Finalmente señaló que también ameritaría sanción cuando este requerimiento se haga fuera de los procedimientos administrativos y judiciales previstos en la legislación de la materia, empleando amenazas, violencia, intimidación u hostigamiento de manera reiterada.