Eduardo García Sánchez, ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del Estado: 27 millones de pesos.

            Gregorio Martín del Campo y Fernando Guiza, ex director y ex administrador del Hospital general regional de León: 6 millones de pesos.

            Carlos Gustavo Torres Navarro, ex director de Prevención del gobierno municipal de León: 600 mil pesos (más lo que se acumule).

            Roberto Pesquera, ex tesorero del gobierno leonés: 700 mil pesos (y sigue sumando).

            José David Baeza López, ex director administrativo del DIF en el gobierno municipal de Celaya: 4 millones 700 mil pesos.

            Treinta y ocho millones 300 mil pesos es lo que suman las cantidades arriba mencionadas, dinero del presupuesto público originalmente destinado a programas, proyectos, pagos de servicios, contrataciones de obras o compras, cursos, material de curación o quirúrgico, software para la operatividad de la administración pública, que acabó en otro lado, que se trianguló mediante empresas creadas ex profeso que nunca brindaron los servicios que se les pagaron, o que fue “rasurado” para adquirir artículos de segunda mano, operaciones con las cuales estos “servidores públicos” habrían obtenido y aprovechado cantidades para fines ajenos al propósito de estos recursos públicos.

            Ese dinero debó significar para los habitantes del estado acceso a algunos servicios o insumos (como una prótesis nueva en lugar de una usada, o la atención a jóvenes o menores en una colonia de alta incidencia delictiva para brindar orientación o detectar condiciones por atender).

En lugar de ello, ese dinero terminó en las cuentas particulares y fue dispuesto por alguno de estos funcionarios o por otros, para fines distintos, con los efectos y consecuencias que van mucho más allá de números rojos o arcas vacías.

            Esta presunción dio pie a denuncias penales, por las cuales la Procuraduría de Justicia estatal se iniciaron indagatorias que terminaron siendo presentadas ante jueces del Supremo Tribunal, algunos de los cuales determinaron que había suficientes datos probatorios para girar órdenes de aprehensión e iniciar procesos en esta instancia, según lo que ha sido informado oficialmente por estas autoridades, y lo que periodísticamente ha sido documentado por varios medios.

            En varios de estos casos, las denuncias penales fueron posteriores a la aportación periodística que ventiló las irregularidades que dieron pie a la sospecha, la duda, el testimonio o la comprobación fehaciente mediante documentos y otros elementos obtenidos por afectados, competidores inconformes, alguna filtración o un trabajo periodístico o de denuncia ciudadana muy valiosos.

            Por la escena nacional desfilan otros funcionarios, otros “servidores” que llegaron a ocupar el máximo cargo público en sus estados: gobernadores hoy prófugos o detenidos y encarcelados, acusados de recurrir a operaciones similares a las que ya se describieron líneas arriba, gracias a las cuales lograron desviar miles de millones de pesos.

            Javier Duarte de Veracruz; Guillermo Padrés, de Sonora, Andrés Granier, de Tabasco, están en la palestra pública por los boquetes financieros gigantescos que dejaron al administrar los dineros públicos en sus estados. Boquetes incluso superiores a las deudas públicas de sus estados, y que dejaron secuelas que se siguen arrastrando y que han ido ocasionando, como efecto dominó, otros boquetes, otros desastres.

 Y la misma indignación, sólo que a escala nacional.

            Como se recordará, en Guanajuato se denunció penalmente al ex gobernador Juan Manuel Oliva. Lo hicieron ciudadanos y lo hizo el PRI. Por anomalías similares. Los ciudadanos fueron bateados con el argumento de que no les toca a ellos denunciar, lo que no significó una exoneración. Que conste.

            En el caso de Javier Duarte, sigue saliendo a la luz lo que se va dibujando como un saqueo monumental, en el que un grupúsculo de burócratas de alto nivel encabezados por el ex gobernador veracruzano dispuso del erario prácticamente como si fuera su cuenta personal.

            Pago de campañas, adquisición de bienes, obsequios a hijos y parientes, negocios turbios, pago de favores, derroche al por mayor: todo es posible a costa del dinero público, y estos “servidores” lo supieron.

            Otros “servidores” que también lo supieron, que revisaron cuentas, que “fiscalizaron” y auditaron, guardaron silencio o enmendaron la plana.

            La fiscalización es una de las principales tareas legislativas, en la que diputados de todo el país, locales y federales, nos han quedado a deber por ignorancia o complicidad.

            Nos siguen debiendo.