Guanajuato, Gto. 13 de enero de 2017.- La reducción de hasta un 50 por ciento al financiamiento a los partidos políticos sería una medida más contundente que la reducción de salarios a funcionarios públicos de primer nivel, ya que la crisis nacional e internacional, ha sido aprovechada por los partidos de oposición para quedar bien con la población.
Así lo manifestó Santiago García López diputado del PRI en el Congreso del Estado, quien señaló que el tema de la gasolina fue un detonante de la crisis que se venía arrastrando, crisis que está reflejada por el incremento de los precios del petróleo internacionales y por el nuevo gobierno que asumirá la presidencia en los Estados Unidos.
El también líder estatal del PRI celebró que el gobernador Miguel Márquez tome medidas de autoridad en ese sentido, pero no es contundente y recordó que en su momento, el PRI no aprobó el presupuesto estatal porque hay un recurso millonario del que hace uso “indiscriminado” el gobernador.
“Cuanto de ese recurso pueden significar las previsiones salariales, ni siquiera el 15 por ciento de esos mil millones de pesos, además hay cantidades estratosféricas para el rubro de comunicación”, señaló.
Y agregó: “tendría que haber certeza del destino de los recursos, porque si van a Impulso Social, que es un programa electorero, entonces estamos generando economías que vayan al Gobierno del Estado y ellos las implementan en sus programas electorales”, acusó.
Señaló que los priistas si están de acuerdo en bajarse el sueldo 16 por ciento o más, pero también tendrían que renunciar a otras canonjías de las que también disponen, como los vehículos oficiales y la gasolina.
“Hay que hacer actos contundentes sobre los temas que le molestan e irritan a la sociedad, vamos a hacer actos contundentes que verdaderamente vean los ciudadanos que hay una intención de los políticos de quitar las canonjías de las que se han gozado por muchos años”, insistió.
En contexto, los priístas presentaron ante el pleno del Congreso del Estado, la iniciativa de la reducción del financiamiento público para partidos políticos en un 50 por ciento.
