Guanajuato, Gto. 17 de mayo de 2017.– La Comisión de Hacienda y Fiscalización llevó a cabo una serie de mesas de trabajo para analizar cinco iniciativas de reforma a varios ordenamientos legales.
En las reuniones de trabajo participaron Elvira Paniagua Rodríguez, Angélica Casillas Martínez, Guadalupe Velázquez Díaz, Alejandra Torres Novoa, Arcelia González González y el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez.
En la primera de las mesas se analizaron dos iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del PRI a fin de reformar la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
La primera de ellas, a fin de disminuir el porcentaje vigente para autorizar los traspasos presupuestales a las dependencias y entidades de la administración pública de un 6.5 por ciento a un 3 por ciento.
Respecto al tema, los asistentes coincidieron en la necesidad de contar con un estudio técnico que pueda sustentar la disminución del porcentaje, además de que daría claridad para determinar el porcentaje que se aplicaría. Además, se indicó que a través de la fiscalización y la evaluación del desempeño con base en resultados se reduce la incertidumbre respecto a la aplicación de los recursos.
De igual manera, se destacó que la flexibilidad que otorga este porcentaje es de ayuda para solventar emergencias que se presentaran en el ejercicio del presupuesto. Asimismo, señalaron la importancia del trabajo de planeación por parte de las dependencias para favorecer la aplicación adecuada de los recursos y lograr la reducción gradual de este porcentaje.
Posteriormente, se abordó la iniciativa con la que se pretende establecer criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como contar con disposiciones legales más claras y mejor enmarcadas en la disciplina presupuestal y la austeridad y de esta manera tener mayor eficiencia en el ejercicio del recurso público.
En relación a esta propuesta, se manifestó que presenta lineamientos muy específicos relacionados a temas como contrataciones eventuales, capacitación, servicios médicos, viáticos, entre otros.
Asimismo, se indicó que actualmente ya se aplican criterios de austeridad en las diferentes dependencias de gobierno, los ayuntamientos y los organismos autónomos, además de que algunas disposiciones administrativas ya se encuentran impactadas en otros ordenamientos. No obstante, se consideró importante que el tema de austeridad y racionalidad quede reflejado en la ley.
Iniciativas de reforma a La ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato
En la segunda mesa de trabajo, se analizaron dos iniciativas de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
La primera, formulada por el Grupo Parlamentario del PRD, busca eliminar prácticas inadecuadas en la adquisición de bienes inmuebles por parte de Gobierno del Estado, así como evitar el tráfico de influencias y de información pública privilegiada, lo cual promueve el intermediarismo que provoca que los inmuebles se vendan a costos más elevados de los que se adquirieron.
Es decir que en el supuesto de que los inmuebles que se pretendan adquirir y hayan sido enajenados en los tres años anteriores a la fecha de la compraventa, no se pague un precio mayor al que se estableció en el avalúo de la última operación de compraventa realizada, salvo el incremento inflacionario correspondiente.
Entre los comentarios que se vertieron en relación a la iniciativa, destaca la observación de que el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato contempla que, para fines de fiscales, el avalúo del inmueble debe tener máximo seis meses.
De igual forma, se señaló que la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, establece que para fines catastrales el avalúo debe tener un máximo de dos años, por lo que se sugirió evitar contravenir otros marcos jurídicos y buscar una armonización con los mismos.
A continuación, se analizó la iniciativa presentada por la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza con la que se pretende establecer sanciones equitativas y proporcionales a las empresas proveedoras del Estado que incumplan con su contrato.
Respecto a este tema, se consideró viable que, cuando no se formalicen contratos cuyo monto no exceda de 50 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria elevada al mes (UMA), serán sancionados con una multa por un importe equivalente de 10 hasta 45 veces la UMA diaria elevada al mes.
Por el contrario, en relación a los casos donde se exceptúe la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, se manifestó que el tema se regula en lineamientos y no en la ley.
Iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato
En la última mesa de trabajo, se abordó la iniciativa de reforma con la que se plantea establecer la deducción del impuesto en los gastos de educación en los tipos básico, media superior y superior.
Para esta iniciativa se observó la posibilidad de que surgieran instituciones de educación superior y que no presentaran la calidad educativa necesaria, no obstante se indicó que existen los candados necesarios para que solo las instituciones educativas acreditadas puedan operar y ofrecer una oferta educativa de calidad.
