Guanajuato, Gto. 19 de mayo de 2017.- Con el objetivo de exhortar al Gobernador del Estado para que respete las leyes y el Estado Laico, la Diputada María Guadalupe Velázquez Díaz realizó un extrañamiento ante el Pleno del Congreso del Estado.
Pidió la legisladora que el Gobernador, Miguel Márquez Márquez, dejara de lado sus creencias religiosas y respetara su juramento público de “Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las Leyes que de ellas emanen y desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que le fue conferido por el pueblo”, citó la legisladora.
Aseguró que el titular del Ejecutivo Estatal pasó de la euforia de asumir el cargo, a desesperación de los magros resultados obtenidos al no poder gobernar para bien, el Estado de Guanajuato.
“La seguridad del estado no se puede dejar en manos de una creencia personal o práctica religiosa, se requieren acciones contundentes… No se han alcanzado los resultados esperados que la Encuesta Nacional realizada por Gabinete de Comunicación Estratégica, en junio de 2016, revela que en Guanajuato el 45.7 por ciento de la población considera que el gobernador no tiene las riendas del estado o que las cosas se le están saliendo de control”, asintió.
Argumentó que de conformidad con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal; por lo que acentuó que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo.
Velázquez Díaz finalizó puntualizando: “la libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones está sujeta a las limitaciones que prescriba la ley que deriva del principio de separación de las iglesias y el Estado mexicano, establecido en el artículo 130 de nuestra Carta Magna. La obligación de los gobernantes de cumplir con la Constitución y las leyes como algo inherente al cargo, tiene efectos constitucionales, legales y políticos relevantes”.
