Las impresionantes imágenes, de ciudadanos organizados para agredir a elementos –léase seres humanos, congéneres, connacionales- de la Marina que cumplen instrucciones de resguardar bienes públicos como es el caso de los ductos de combustible; además de hacer aflorar la semilla de la preocupación individual, nos lleva a cuestionar ¿cómo es que llegamos a un punto donde el respeto a las instituciones y el desprecio por la vida del otro se han constituido en perversos sustitutos del Estado? No quiero imaginar que estos bautizados “huachicoleros” dedicados al comercio de bienes robados, surgieron de pronto como si una fuerza redentora los llamara a la justicia social supuestamente inexistente y causante del desempleo, el abandono educativo y los mínimos parámetros ya no digamos de valores éticos, ni siquiera del más simple civismo.
Discursos van y vienen, donde se lamenta el abandono de cátedras como civismo en secundaria o ética en niveles del medio superior; igual se pontifican los derechos humanos al extremo de que por temor a ser acusado de violarlos los maestros han perdido su posibilidad de educar, muchos jefes atan sus manos frente a quienes están dispuestos a acusar de acoso sin pruebas -o con algunas fabricadas y sustentados en testigos falsos- y empresarios deben declararse en quiebra frente a la extorsión, el secuestro –pomposamente publicitados como parte de los llamados “delitos de alto impacto”- las lesiones y el daño a la salud o el patrimonio. ¿Quién es responsable del daño a un adulto mayor que por negligencia de la línea aérea[1], pierde su vuelo, se ve obligado a pernoctar en la terminal de un país lejano y a gastar casi mil dólares que debe cargar a una tarjeta sin que nadie responda por los daños? ¿Cuál es la instancia legal que de verdad atenderá los derechos de dos mujeres mexicanas –una de ellas de 80 años y habitante de Villahermosa- abandonadas a su suerte en medio de la agresividad de una empleada de la empresa privada que la entrenó solo para ganar dinero sin importar los humano de sus pasajeros? ¿Cuántos de los jóvenes –mexicanos y latinoamericanos- que realizan su entrenamiento están aprendiendo que puedes agredir al otro de manera impune porque quien da la cara es tu empresa? ¿Qué harán en el futuro cuando se dan cuenta de que ante el riesgo de una demanda, la dicha empresa se avoca a “resolver el asunto” utilizando a una empresa turística que sólo sirve para esconder la basura debajo de la alfombra ajena? ¿Así aprendieron los que hoy en los espacios públicos extorsionan, piden comisiones estratosféricas y violan la ley de manera impune solo porque la cabeza de la estructura a la cual sirven es “picudo”?
Son muchos los ejemplos que hablan de la impunidad de rateros bien ubicados que vacían casas habitación, roban autos y personas en vía pública y en centros comerciales, donde con el truco de provocar un embotellamiento de carritos de súper, las bandas perfectamente organizadas, abren bolsas, roban carteras o incluso cambian su carrito -con mercancía de valor menor a los 200 pesos por el de la señora que ya pagó 1,500.00- ¿qué hacen los elementos de seguridad de dichas tiendas en favor de sus clientes? ¿Sirven de algo las imágenes de videos, no sólo de la tienda donde la clienta fue robada, sino en aquellas donde el ratero comete el delito federal de “uso de documento –público o privado- falso alterado o que no sea reconocido por la autoridad”?
Podemos pasar horas, viendo videos donde se puede identificar a rateros, en restaurantes y toda clase de comercios ¿Por qué la autoridad no toma acciones en contra de ellos? ¿No es corrupción cobrar por ejercer como investigador –fiscales, ex ministerios públicos y policías de todos los rangos- del sistema que debería prevenir el delito y sancionar a los delincuentes, sin haber logrado un solo punto a favor de las víctimas?
Si ya sabemos que lo “organizado del crimen” se inicia justamente en las estructuras jurídicas diseñadas para el incumplimiento de alguien que tenga la ventaja de ser protegido, para no considerar que la víctima sea de valor –aun cuando se aprueben leyes para su defensa- y que, tanto los delincuentes como su cómplices –activos o pasivos- seguirán actuando en contra de todos ¿Por qué no tomarse el riesgo de usar armas –blancas o de fuego- piedras o palos en contra de la autoridad como se ha hecho en tierra de huachicoleros o de pseudo maestros sindicalizados en Chiapas o Oaxaca?
¿Se resuelve el hartazgo con hacer de la cacería de ex gobernadores notas rojas de gran rating? ¿Para que sirven ONG –grupos de la mal llamada sociedad civil- que después de décadas de denuncias no han logrado nada más que formalizar un esquema de subsistencia económica de sus promotores? No se si haya esperanza cuando hasta los personajes decentes del aparato gubernamental, son víctimas de delitos –que luego se sabe fueron inducidos porque se trata de mexicanos “con los que no se puede negociar[2]” respecto de cuyas denuncias la propia autoridad les recomienda mejor no ratificar porque se sabe de donde vino el golpe y “vamos a procurar que se le devuelvan las cosas robadas”.
¿Cuándo empieza el crimen y la descomposición? Parece que todos lo sabemos, ¿Cómo terminarlo? He ahí el gran reto, no es sólo con normas en las cuales se endurecen las penas, no basta el escándalo mediático, es cuestión de todos, de dedicarle 5 o 6 horas de tu tiempo si eres víctima para denunciar, de hacer pública tu experiencia, de aumentar tus medidas de seguridad y sobre todo de no tener miedo para señalar no solo al delincuente sino a sus cómplices en el ámbito oficial.
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[1] Me refiero a Volaris, que la semana pasada protagonizó actos de verdadera agresión al adulto mayor en contra de dos pasajeras mexicanas, enfermas y en silla de ruedas, cuyo caso defenderemos en las instancias judiciales y administrativas pertinentes.
[2] Frase de un altísimo funcionario público que respondió a la curiosidad de alguien que no entendía porque tales personajes honestos no habían sido incluidos en el gobierno hoy vigente.
