Guanajuato, Gto. 21 de junio de 2017.- La intimidación de parte de servidores públicos pasará a ser delito en el Código Penal cuando se presione física o psicológicamente a una persona. El delito contempla de dos a siete años de prisión y de 30 a 300 días de multa.
El nuevo delito está contemplado dentro de las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción que deberá de estar completa antes del 19 de julio, cuando entre en vigencia en el país, el Sistema Nacional Anticorrupción.
Es la Comisión de Justicia del Congreso del Estado que preside la diputada Arcelia González del PRI, la que lleva las mesas de trabajo, que además estudia el delito de coalición de servidores públicos, el cual alcanzaría hasta siete años de prisión, quienes acuerden cometer algún tipo de delito.
La priísta señaló que la intimidación aún está en estudio si es un agravante o delito como tal y para ello se busca establecer las sanciones correspondientes por las conductas de funcionarios de los tres órdenes de gobierno.
“La intimidación contempla que cuna persona sufra de dolor físico o psicológico con el fin de inhibir que esta o un tercero denuncien, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley de Responsabilidades Administrativas aplicables”, especificó la diputada.
Y detalló que los servidores públicos que formulen acciones para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento y otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas.
Finalmente Arcelia González señaló que se contempla nuevamente el delito de prevaricato, delito cometido por quien tiene el poder de determinar sentencias como jueces y autoridades administrativas, además del enriquecimiento ilícito del funcionario o círculo cercano y el aumento de su patrimonio de manera no legal, aplicable en el primer círculo familiar.
