Celaya, Gto 09 de agosto de 2017. Grupos tácticos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, desplegaron un operativo de intervención que resultó en la liberación de trece personas de origen hondureño (migrantes) a quienes mantenían secuestrados en varias casas de seguridad en el Fraccionamiento Industrial de la ciudad de Celaya.
El trabajo de desarrollado por elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) y del Grupo Táctico Guanajuato de la SSPE, culminó con la captura de un hombre quien dijo ser originario de Coahuila y tener 27 años, a este sujeto se le aseguró un arma de fuego con cargador y un celular, una mujer de 29 años, con domicilio en Piedras Negras Coahuila y a la nicaragüense Tomasa, de 39 años.
Las autoridades estiman que al menos veintidós personas fueron víctimas de este grupo de extorsionadores y secuestradores, en los últimos cinco meses, quienes operaban en la zona centro del país, siendo Celaya, una extensión de su ámbito de acción.
Dos de los ofendidos, originarios de Honduras, de sexo masculino, de 31 y 24 años, rescatados sanos y salvos, refieren que llegaron a Celaya a través del ferrocarril y aquí fueron abordados por una mujer quien les ofreció trabajo y los llevó a una casa en donde serían contratados para trabajar en una empresa local.
Al llegar al domicilio fueron amagados con armas de fuego. En el lugar había otras personas de la misma nacionalidad, quienes eran vigilados por dos mujeres y un hombre.
Otros hombres fueron abordados en Querétaro, a quienes les ofrecían transporte barato y sin riesgos a distintas partes de la región, y una vez sometidos los trasladaban a Celaya. Algunos de los plagiados fueron deportados de Estados Unidos, aunque dejaron familia en aquel país. Otros fueron plagiados en otros estados del país con la promesa de pasarlos en la frontera y los traían a Celaya.
El caso ya era investigado por personal especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, (UECS) que culminó en la intervención.
Los inmuebles donde se mantenían cautivos a los extranjeros, mientras se negociaba el pago de un rescate en dólares con sus familiares, fueron asegurados por los grupos tácticos estatales.
Se pudo saber que en los domicilios vigilaban a trece personas de sexo masculino, a quienes resguardaban en condiciones insalubres y retenían atados y amordazados para evitar que escaparan. Ellos afirmaron estar en ese lugar en contra de su voluntad.
El contacto para atraer a las víctimas eran dos mujeres, una de ellas de nacionalidad hondureña, lo que generaba confianza con sus paisanos. En la casa de dos plantas, un hombre armado vigilaba el cautiverio de las víctimas.
Los inculpados quedaron a disposición del Juez a fin de que se les sancione por los delitos cometidos.