Guanajuato, Gto 25 de octubre de 2017. La facultad de nombrar al procurador de los Derechos Humanos será algo que a partir del próximo jueves en adelante, sólo sería una responsabilidad del Poder Legislativo y que ya no tenga la intervención del gobernador, como ocurrió en 2016 con el nombramiento de José Raúl Montero de Alba.
“Buscamos un mecanismo que dé mayor independencia, mayor confiabilidad a la designación del ´procurador de Derechos Humanos en Guanajuato; lo que necesitamos es darle credibilidad a nuestras instituciones, y esta es, sin lugar a dudas, una figura muy importante de nuestro sistema democrático, y con esta modificación se fortalece su figura”, señaló la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de reforma a la Constitución Política local, en materia de designación del titular del organismo estatal de protección de los derechos humanos. Hasta el último proceso de designación celebrado en 2016, el Poder Ejecutivo tenía la facultad de enviar la propuesta a través de una terna, aunque el Congreso votó la designación, el nombramiento fue cuestionado porque se registraron 12 votos nulos.
“La reforma al nombramiento que se hace del Procurador de Derechos Humanos establecería que este sea ya responsabilidad del Congreso del Estado, mediante una convocatoria pública, y tendría que ser avalado por las dos terceras partes de los miembros presentes de este Poder Legislativo”, precisó la presidenta de la comisión.
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arcelia González, resaltó que Guanajuato y Durango eran los únicos dos estados que conservaban esta facultad de intervención del Ejecutivo, pero dijo que con esta reforma el estado saldrá de esta “lista negra”
“Con esto hacemos una referencia ya Guanajuato, quitamos a Guanajuato de esta lista negra para dotarlo de la autonomía que necesita”, remarcó.
La propuesta podría ser votada el próximo jueves por el Pleno del Congreso local y de aprobarse se enviará a los ayuntamientos para que den su aval, ya que se trata de una reforma a la Constitución local.
